Consejo de Cuentas de Castilla y León

• El Consejo de Cuentas publica hoy los informes sobre la gestión recaudatoria de cada una de las 9 diputaciones, que fueron aprobados por el pleno la pasada semana en Segovia

Se trata de una fiscalización de carácter operativo, cuyo objetivo general es analizar la eficacia de la gestión recaudatoria que desempeñan las diputaciones provinciales para los ayuntamientos, en función de las actuaciones, medidas y procedimientos adoptados para llevarla a cabo, así como el coste que genera. El periodo al que se refieren las actuaciones fiscalizadoras es el ejercicio 2019.

El trabajo de fiscalización ha requerido el manejo de una gran cantidad de datos, dado que las nueve diputaciones gestionan la recaudación de unos 2.200 ayuntamientos en la Comunidad. Sus programas de recaudación son, por lo general, bastante deficitarios para explotar la información. Se trata de una auditoría novedosa, al no existir precedente de actuación de este tipo (análisis comparativo con indicadores agregados) sobre la gestión recaudatoria de las diputaciones, por parte de ninguna institución de control externo.

Al tratarse de fiscalización que analiza la eficacia en la gestión, son escasas las conclusiones sobre aspectos de legalidad. En la Diputación de Ávila se constata la externalización de casi todas las funciones de gestión tributaria y recaudatoria, a pesar de que tienen un organismo autónomo creado, aunque con escasa dotación de personal. Al respecto, el Consejo recomienda la debida gestión directa.

En la Diputación de Burgos, varias entidades financieras colaboran en materia de recaudación. El Consejo de Cuentas recomienda que dichos servicios prestados no sean remunerados y advierte deque en ningún caso las entidades de crédito pueden adquirir el carácter de órgano de recaudación.

Aspectos organizativos. Tres diputaciones (Ávila, Salamanca y Valladolid) tienen un organismo específico de recaudación. El resto presta el servicio integrado en la organización provincial. Las diputaciones con más personal asignado a la prestación del servicio de gestión tributaria y recaudación son las de León y Salamanca y, con menos, las de Ávila, Soria y Palencia. La mayoría contrata servicios relacionados con la gestión tributaria, como los postales, bancarios, de impresión, de atención al contribuyente y de mantenimiento de aplicaciones o plataformas.

Más del 95 % de los municipios de cada provincia delega a las diputaciones las facultades de gestión tributaria y recaudatoria. Es muy habitual la delegación de la gestión en sentido amplio, esto es, de la gestión, liquidación, recaudación e inspección. Son mayoritarios los casos en los que se delega tanto la recaudación voluntaria como la ejecutiva.

Cinco diputaciones (León, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora) cuentan con una ordenanza general de gestión tributaria y recaudatoria. A excepción de Salamanca, las otras ocho cuentan con una ordenanza reguladora de la tasa por el servicio de recaudación.

Con carácter general, las diputaciones, con la participación de la Federación Española de Municipios y Provincias, tienen formalizados con organismos de la Administración estatal convenios de colaboración en la gestión tributaria. Cinco diputaciones suscriben también convenios de colaboración con la Administración autonómica, sobre servicios de pago telemático. No consta que ninguna diputación haya formalizado convenios de colaboración con otras administraciones locales. Por otra parte, diferentes entidades financieras colaboran en materia de recaudación.

Las actuaciones de comprobación y verificación se realizan muy escasamente por parte de las diputaciones. En relación con los procedimientos de inspección, generalmente relacionados con el Impuesto de Actividades Económicas, tan solo cuatro diputaciones (Ávila, Salamanca, Segovia y Valladolid) los desarrollan.

Las Diputaciones de Ávila y Palencia no llevan el módulo contable de gestión recaudatoria para los municipios, registrándose las operaciones extrapresupuestariamente.

Gestión recaudatoria. En periodo voluntario, los indicadores del grado de recaudación son muy altos, alrededor del 90% de lo puesto al cobro, en todas las diputaciones, alcanzando las siguientes cifras: Ávila 48,5 millones de euros; Burgos 63,5; León 103,3; Palencia 30,1; Salamanca 73,2; Segovia 46,6; Soria 22,3; Valladolid 54,1; y Zamora 34.

En fase ejecutiva, sin embargo, el grado de recaudación es muy bajo en todas las diputaciones y tributos, apenas el 30% sobre la suma total de las nueve instituciones.

Todas tienen deudas elevadas pendientes de ejercicios anteriores. Otro aspecto común, relacionado también con la baja recaudación en ejecutiva, es el bajo número de actuaciones de apremio y embargo y el alto grado de créditos que se declaran incobrables.

En algunos casos, se cobran a los municipios las costas originadas en el procedimiento tributario, cuando la normativa prevé que se carguen a los sujetos pasivos. En Zamora, incluso así lo establece su ordenanza, aspecto que el Consejo de Cuentas recomienda modificar. También se recomienda a las Diputaciones de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca y Valladolid que cobren más costas a los sujetos pasivos.

Coste y rendimiento del servicio. Las Diputaciones de Salamanca, León, Segovia y Burgos son las que perciben más ingresos por la tasa del servicio de gestión recaudatoria. Estas mismas entidades -salvo Burgos y añadiendo Valladolid- son las que registran mayor ingreso por municipio. Las que menor ingreso por municipio tienen son Ávila, Soria y Burgos.

Las diputaciones donde se dan los mayores gastos por prestar el servicio son las de León, Salamanca, Ávila y Valladolid, siendo también las que registran mayor coste por municipio. Finalmente, las diputaciones en las que los ingresos obtenidos por la tasa superan el coste del servicio son Zamora, Segovia y Burgos.

Recomendaciones. El Consejo de Cuentas ha emitido un total de 96 recomendaciones dirigidas a las diputaciones con la siguiente distribución: Ávila 12; Burgos 11; León 10; Palencia 12; Salamanca 10; Segovia 11; Soria 10; Valladolid 9; y Zamora 11. Salvo algunas recomendaciones de carácter singular anteriormente citadas, en la mayoría de los casos contemplan aspectos bastante comunes para las nueve diputaciones, orientadas a mejorar los procedimientos y corregir las principales deficiencias detectadas.