La rendición de cuentas en plazo por las entidades locales de Castilla y León registró una mejora interanual de 7,8 puntos
- El Consejo de Cuentas aprueba en la Diputación de Ávila el informe anual de las cuentas del sector público local de Castilla y León 2023
- El 90% de los ayuntamientos de las provincias de Ávila, León, Salamanca y Soria han cumplido a la fecha con esta obligación
- En conjunto, las casi 2.900 entidades locales de la Comunidad que rindieron cuentas en plazo ingresaron 3.433 millones de euros y gastaron 3.355, con un resultado presupuestario de 78 millones
- La relación entre el volumen de deuda y los ingresos corrientes mantiene una trayectoria decreciente, pasando de representar el 27,8% en 2020, al 22,5% en 2023, con una caída global de 5,3 puntos. Los fondos líquidos pasan de 1.490 millones a 1.845
La rendición de las cuentas de 2023 en el plazo legal (hasta el pasado 31 de octubre) por las entidades locales de Castilla y León experimentó un incremento de 7,8 puntos porcentuales con relación al ejercicio 2022. Un total de 2.852 entidades locales rindieron la cuenta general antes de expirar la fecha.
Así lo pone de manifiesto el Informe anual de las cuentas del sector público local aprobado hoy en la Diputación de Ávila por el pleno del Consejo de Cuentas, donde el órgano de control externo celebró la reunión a tal efecto.
El sector público local de la Comunidad está integrado por 4.741 entidades locales (2.248 ayuntamientos; las 9 Diputaciones; el Consejo Comarcal de El Bierzo; 275 mancomunidades y otras entidades asociativas, y 2.208 entidades locales menores). Además, hay que sumar 170 entidades dependientes y adscritas a las mismas (26 organismos autónomos; 55 sociedades mercantiles; 3 EPES; 45 consorcios; 31 fundaciones y 10 asociaciones).
El informe, del que dio cuenta el presidente Mario Amilivia, señala que, por tipo de entidad, todas ellas mejoraron su nivel de rendición en plazo legal. El mejor índice correspondió a las Diputaciones (88,9%), es decir, todas menos una -la de Zamora-, y tres más que en 2022.
A continuación, los ayuntamientos, con una ratio del 71,1%, experimentando una mejora interanual de 4,7 puntos porcentuales. Por su parte, las entidades locales menores registraron un 50,3%, incrementando 11,3 puntos, y el nivel de las mancomunidades se situó en el 49,5%, con 3,3 puntos más.
La comparación de los niveles de rendición de los ayuntamientos por comunidades autónomas pone de manifiesto que Castilla y León presenta valores superiores a la media nacional (65%) con un diferencial de 6,1 puntos, pero alejados de los mejores resultados (hasta el 88,4%). La adopción de algunas medidas, ya implementadas por comunidades como Castilla y León, vinculando la concesión o el pago de subvenciones al cumplimiento de la obligación de rendir cuentas, contribuye a incrementar la rendición, tal como viene reiterando el Consejo en sus informes.
En el periodo 2018-2023, dentro del grupo de entidades que presentan incumplimientos reiterados de rendición de las cuentas de tres o más ejercicios se encuentran 164 ayuntamientos, el 7,3% de los municipios de la Comunidad, si bien la población afectada resulta escasamente significativa (1,8%). En el estadio más elevado de incumplimiento se sitúan 19 ayuntamientos que no rindieron sus cuentas en 10 o más ejercicios en el periodo 2012-2023, entre los cuales dos tienen una población de entre 500 y 999 habitantes.
Situación actual. A fecha de hoy, el nivel de rendición de las casi 5.000 entidades locales alcanza el 81%, es decir, 3.833 han rendido el último ejercicio fiscalizado.
Así, han cumplido con esta obligación legal las 9 Diputaciones; 1.991 ayuntamientos de los 2.248 existentes (89%), 1.655 entidades locales menores (75%); 178 mancomunidades y otras entidades asociativas (64,7%).
Amilivia resaltó estos datos teniendo en cuenta que Castilla y León es la comunidad autónoma que cuenta con el mayor número de entidades en el ámbito nacional y, más concretamente, el 27,6% de los municipios del Estado (y el 5% de la población), y en torno al 66% de todas las entidades locales menores, expresión inequívoca de la atomización municipal.
A fecha actual, alcanzan el 90% de porcentaje de rendición los ayuntamientos de las provincias de Ávila (223 han rendido); León (189); Salamanca (327) y Soria (164). Por detrás, figuran los de Segovia, rindieron 187 (89%), los de Zamora (220, el 89%); Palencia (168, el 88%); Valladolid (198, 88%) y Burgos (315, 85%).
Algunos datos del informe relacionados con la estructura del sector público local de la Comunidad en 2023 anotan, apuntó Amilivia, el aumento de 7.509 habitantes, con un incremento interanual del 0,3%, después de años de tendencia de pérdida poblacional que afecta especialmente a los municipios más pequeños.
También, destacó la alta concentración de la población en los municipios de mayor tamaño, de forma que 16 con población igual o superior a 20.000 habitantes (0,7% del total) concentran algo más de la mitad (el 52,5%), mientras que en los 2.007 municipios menores de 1.000 habitantes (89,3%), reside el 18,2% de las personas.
La jornada se inició con la recepción al pleno del Consejo de Cuentas -que además de Amilivia integran Emilio Melero y Miguel Ángel Jiménez- en el Ayuntamiento de Ávila por parte del alcalde, Jesús Manuel Sánchez. Posteriormente, fueron recibidos por el presidente de la Diputación provincial, Carlos García.
La aprobación de este informe se trasladó en esta ocasión a Ávila para seguir estimulando la colaboración con las entidades locales y su rendición de cuentas, acercando la labor del Consejo.
Amilivia subrayó la importancia de la aprobación de este trabajo, "que busca asegurar que la gestión de los recursos públicos locales se realiza de manera eficiente, eficaz y conforme a la legalidad vigente, promoviendo la transparencia y la buena gobernanza en el ámbito municipal".
Señaló en esta línea que la rendición de cuentas de las entidades locales "no es un fin en sí mismo, sino una herramienta de transparencia que permite dar a conocer a todos los ciudadanos la situación económica de sus municipios".
Con respecto a la provincia de Ávila, la situación actual de rendición señala que han presentado sus cuentas la Diputación, 18 mancomunidades y otras entidades asociativas (60%) y 223 ayuntamientos (89%). 242 cuentas, el 85% del total. Además, las dos entidades locales menores de la provincia no rinden cuentas.
Ciclo presupuestario. 1.966 entidades locales (69%) de las que rindieron cuentas en plazo aprobaron el presupuesto de 2022 fuera del plazo legalmente establecido (31 diciembre 2022). Por su parte, 598 (21%) rebasaron el plazo para la aprobación de la liquidación del presupuesto.
Análisis de las cuentas. El informe anota que entre las 2.972 cuentas del 2023 objeto de revisión, inicialmente 532 se presentaron completas y sin incidencias, mientras que otras 2.436 contenían incidencias de diversa índole. Tras el proceso de subsanación, el total de cuentas sin incidencias paso a 541 (18,2%). El 63% de las incidencias fueron de carácter formal (incumplimiento de plazos o trámites del ciclo presupuestario). El resto, definidas como sustanciales, referidas al contenido de la información, representan el 37%.
Situación económica. La principal conclusión del informe es que las entidades locales de la Comunidad, analizadas globalmente, gozan de una situación económica saneada. En conjunto, tomando los datos de las cuentas rendidas, en 2023 gastaron 3.355 millones de euros, lo que en relación con los 3.433 de ingresos arroja un resultado presupuestario positivo de 78 millones de euros, El 47,2% de las entidades locales liquidó con resultado positivo.
Por otra parte, la deuda viva de las entidades locales con relación a sus ingresos corrientes continúa su tendencia decreciente, mientras que el remanente de tesorería sigue aumentando en todos los ejercicios del periodo 2020-2023.
En 2023 el importe global de la deuda viva sumaba 752 millones de euros al cierra del ejercicio, pasando de representar la relación entre el volumen de deuda y los ingresos corrientes del 28% en 2020 al 23% en 2023, con una caída global de 5 puntos porcentuales.
En el periodo analizado el remanente de tesorería para gastos generales pasa de 1.289 millones de euros en 2020 a 1.417 en 2023, con un incremento global del 10%. Los fondos líquidos experimentan un crecimiento notable, pasando de 1.490 a 1.845 millones.
Los municipios gestionan el 70% del total de los recursos y gastos de todas las entidades locales. Las Diputaciones, por su parte, reconocieron ingresos y gastos por importes que representan el 27% y 26% respectivamente.
Rendición de contratos: casi 70.000. Las entidades locales están obligadas a remitir al Consejo de Cuentas la relación anual de los expedientes formalizados o, en su caso, una certificación negativa. Así, 1.636 entidades (34,5%) remitieron la información contractual en plazo legal (hasta el 28 de febrero de 2024), cifra que se elevó a 2.191 entidades (46,2%) a final de año. Los entes del sector público local comunicaron información sobre 69.997 contratos, con un importe de adjudicación de 713,6 millones de euros formalizados en 2023.
Ayuntamiento de Ávila. El consistorio tiene rendidas las cuentas anuales de todos los ejercicios (desde 2019 siempre dentro del plazo legal). Asimismo, ha remitido la información sobre contratos en todos los ejercicios (desde 2020 siempre en plazo).
Las cuentas de 2023 reflejan 73 millones de euros de ingresos y 72,9 millones de gastos, con un resultado presupuestario positivo de114.000 euros. Dispone de un remanente de tesorería para gastos generales de 7,3 millones de euros, fondos líquidos por cuantía de 21 millones y un endeudamiento de 27,2. Goza, por todo ello, de una situación saneada, con superávit, remanente positivo y un moderado nivel de deuda.
Diputación de Ávila. La institución tiene rendidas las cuentas anuales de todos los ejercicios. Asimismo, ha remitido la información sobre contratos en todos los ejercicios.
Las cuentas de 2023 reflejan 81 millones de euros de ingresos y 78 de gastos, con un resultado presupuestario positivo de 3 millones. Dispone de un remanente de tesorería para gastos generales de 33 millones de euros, fondos líquidos por cuantía de 51 millones y un endeudamiento de 19. Expresión, por tanto, también de una situación saneada, con superávit, remanente positivo y un nivel de deuda reducido.
Recomendaciones. El Consejo de Cuentas mantiene sus recomendaciones para impulsar medidas de estímulo de la rendición de cuentas, recogidas en sendas declaraciones suscritas juntamente con el Tribunal de Cuentas y el resto de los Órganos de Control Externo autonómicos. Son, por ejemplo, la promoción de la cobertura de los puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, el fortalecimiento de la asistencia a los municipios o la actualización de la regulación de las multas coercitivas a las entidades incumplidoras.
También, la adopción de las medidas legales oportunas para el establecimiento como fecha límite para la rendición de cuentas la del 30 de junio del ejercicio siguiente al que las mismas se refieran.
Con relación a las entidades locales, se recomienda que incrementen sus esfuerzos para ajustar sus actuaciones a los plazos normativos respecto al ciclo presupuestario y contable, especialmente en lo referente a la aprobación de los presupuestos.
Otras fiscalizaciones. El Consejo de Cuentas tiene actualmente en elaboración varias fiscalizaciones horizontales sobre el sector público local. Así, por ejemplo, la de los procedimientos de estabilización de empleo temporal de las entidades locales, con un primer informe que se aprueba en el próximo pleno y otro en elaboración o el referente a las Mancomunidades de municipios, Consorcios, y otras entidades asociativas, como alternativas a la reducción de la planta local.
También, la del establecimiento de zonas de bajas emisiones en los municipios en colaboración con el Tribunal de Cuentas; el de contratos menores de los Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes que no sean capitales de provincia; la fiscalización de la asistencia técnica-informática prestada a los municipios por las diputaciones y entidades equivalentes de la Comunidad Autónoma con especial incidencia en el ámbito de la seguridad informática; la fiscalización de la contratación administrativa celebrada por los ayuntamientos capitales de provincia de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2024, y la del análisis del coste y rendimiento de los servicios públicos prestados por los ayuntamientos capitales de provincia de Castilla y León.
