El último número de los Cuadernos económicos de Información Comercial de España (ICE),Este enlace se abrirá en una ventana nueva publicación económica de carácter bianual que edita el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se dedica monográficamente a la evaluación de las políticas públicas en España, desde el punto de vista de los recursos, metodologías y algunos ejemplos. Se trata de una publicación cuyo principal fin es contribuir a la difusión y al desarrollo de la investigación económica, estructurándose en número monográficos con artículos de economía teórica y aplicada, y métodos cuantitativos

En uno de los artículos relativos al primer apartado de este número –“Visiones desde las administraciones públicas”-, cuyos autores son José María Casado y Eloísa del Pino, autores afiliados a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se hace un repaso sobre la evolución de la evaluación de las políticas públicas en España, y más concretamente a nivel de las comunidades autónomas. Una asignatura pendiente en este país, aunque esta publicación certifica avances e identifica lo mucho que queda por recorrer.

En el caso de Castilla y León se hace referencia, fruto de la evaluación realizada por AIReF, al anuncio por parte del Ejecutivo autonómico de crear una Agencia Autonómica de Evaluación Independiente de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios adscrita a su Consejo de Cuentas. Una unidad independiente, externa a la administración, que requerirá en cualquier caso de una aprobación normativa para garantizar su independencia, entre otros asuntos.

Portada de los Cuardenos

Los autores reseñan que las comunidades autónomas al igual que la Administración central han reforzado sus marcos legales y organizativos para evaluar las políticas. Aunque existen una gran variedad de situaciones que se expresan en la distinta plasmación normativa y que, en la mayoría de los casos, se circunscribe a reforzar la evaluación para el seguimiento de las políticas dentro de los centros gestores de ámbito sectorial.

Otro de los datos de interés es que en las comunidades autónomas existen conocimientos y concienciación sobre la utilidad de la evaluación, pero falta reforzar la formación de los empleados públicos, los sistemas de información y el uso de los datos.

El estudio realizado por la AIReF sobre el caso concreto de Castilla y León concluye que en esta comunidad podría implementarse una estructura para la evaluación de políticas públicas aprovechando la experiencia de los organismos ya existentes y con escasas modificaciones legales, caso del Consejo de Cuentas. Sin embargo, también concluyó que es necesario reforzar elementos clave de la capacidad, en particular los sistemas de información y el uso de datos y la formación de los empleados públicos.

Tal y como refiere el artículo, en Castilla y León un 66% de los responsables públicos entrevistados indica que los planes y programas incorporan indicadores de actividad o de implementación, pero solo la mitad de los entrevistados afirman que disponen de indicadores de impacto. El tratamiento informático de los datos también es limitado (menos del 40% señalan que esto se haga muy a menudo o a menudo). Solo un 25% afirma que explota los datos muy a menudo o a menudo y el cruce entre datos en diferentes consejerías de la propia Junta es infrecuente (solo un 12% reconoce que esto se hace muy a menudo o a menudo). No existe una plataforma de datos donde se posibilite el acceso fácil, ágil y seguro en términos de confidencialidad por parte de la propia Administración autonómica a la información de las distintas consejerías”.

En España, la evaluación es una práctica relativamente reciente impulsada en nuestro caso por la pertenencia europea, tanto en sus primeros pasos como en sus más recientes avances, en particular en el caso de la AIReF (también de origen y fuerte vinculación europeísta). La consolidación del sistema requiere, sin duda, del apoyo político y, en particular, este apoyo debe, paradójicamente, garantizar que los evaluadores gozarán de independencia respecto de aquellos que tienen que garantizársela, concluyen.


Cuadernos económicos de ICE / Consejo de Cuentas de Castilla y León