Uno de los conceptos más vinculados al tiempo nuevo que experimenta la realidad socio-política española es el principio de transparencia, cuya progresiva consolidación viene a dar respuesta a la lógica exigencia ciudadana de claridad en la gestión del dinero público. La oportunidad de reflexionar sobre la necesidad de seguir avanzando en esta materia viene dada en este momento por el plazo legalmente establecido en la fecha del 31 de octubre para que las entidades locales cumplan cada año con la obligación de rendir las cuentas del ejercicio anterior ante los órganos de control externo.

En este sentido, la labor de fiscalización de la gestión económica y financiera del sector público local que corresponde al Consejo de Cuentas se extiende sobre un volumen global de tres mil millones de euros que suman las casi cinco mil entidades locales existentes en nuestro extenso territorio. En primer lugar, cabe constatar la evolución positiva que este cumplimiento esencial para la transparencia viene experimentando durante los últimos años en el ámbito local de la Comunidad. La ratio de rendición de los municipios se ha incrementado en 30 puntos porcentuales en el último trienio, pasando desde un 55% sobre la cuenta general de 2010 hasta el 86% con la correspondiente a 2013, alcanzando así los mejores registros de toda la serie histórica.

Este salto cuantitativo ha sido aún mayor respecto a las entidades locales menores, influido por la especial circunstancia de lo estipulado por la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que establecía la fecha de 31 de diciembre de 2014 como límite para que dichas entidades de ámbito territorial inferior al municipio presentaran sus cuentas, evitando así incurrir en causa de disolución. En este contexto, la evolución experimentada con la presentación de la cuenta de 2013 supone un avance sin precedentes, de 45 puntos porcentuales, hasta superar el 94%. Estos resultados son, no obstante, fruto de la suma de múltiples factores. Además del indudable efecto que han operado novedades normativas como la anteriormente citada y de la colaboración impulsada por el conjunto de las administraciones para facilitar la rendición de cuentas de las entidades locales, también debe subrayarse por su importancia la creciente concienciación de la sociedad.

Es cierto que existe debate en relación al tipo de consecuencias administrativas o sancionadoras que pudieran derivarse de una falta de rendición de cuentas. Pero más allá de esta posibilidad, sobre la cual el Consejo de Cuentas ha expresado su opinión en reiteradas ocasiones, considero fundamental poner de relieve el valor de la transparencia por sí mismo, porque su alcance no reside en un mero enunciado retórico, ni tampoco en la exigencia de un simple trámite administrativo.

La transparencia debe ser entendida como elemento de calidad democrática, porque todos los ciudadanos tenemos derecho a conocer en qué se gasta el dinero público y también como instrumento de control, al constituir la fiscalización externa un garante del cumplimiento de la legalidad. Pero además, representa una herramienta para avanzar en la eficiencia. La racionalidad en el gasto permite destinar más recursos para atender las prioridades en la prestación de los servicios básicos y en la recuperación económica. De igual modo que en el ámbito de la empresa privada se auditan los procesos de producción o de prestación de servicios para detectar debilidades e introducir medidas correctoras para mejorar los procedimientos, en el sector público también cabe realizar esta lectura cuantificable de las recomendaciones que realizan los órganos de control de externo.

El Consejo se encuentra trabajando en un informe de seguimiento de aquellos ayuntamientos con incumplimientos reiterados en la rendición de cuentas, que próximamente pondrá de relieve las causas por las cuales resulta desatendida en dichos casos esta obligación legal. Dificultades como el déficit en la cobertura de las plazas de funcionarios habilitados para las funciones de secretaría e intervención, o las carencias existentes en los equipamientos informáticos necesarios pueden explicar algunas circunstancias concretas. Sin embargo, con independencia de las soluciones que precisan ambos problemas, las entidades locales deben priorizar el cumplimiento de esta obligación legal, como principio básico del compromiso que supone el servicio público que se presta a los ciudadanos.

Las nuevas tecnologías permiten en la actualidad, por ejemplo, que cualquier interesado pueda consultar de forma sencilla y con carácter inmediato más de 24.000 cuentas de las entidades locales de la Comunidad a través del portal web del Consejo, así como la explotación estadística de los datos que contienen para analizar la evolución de sus principales magnitudes económicas. Una vez consolidada esta garantía de transparencia, parece evidente que el hecho de que una determinada entidad local no facilite esta posibilidad por una hipotética falta de cumplimiento, puede ser objeto de reproche social hacia sus responsables.

Los avances experimentados en los últimos años en garantía de la transparencia de las administraciones públicas no son, en mi opinión, un requisito pasajero para dar respuesta a una coyuntura de preocupación por las consecuencias de la crisis económica. El ejercicio de rendir cuentas se ha convertido en un hecho consustancial a la salud democrática porque las instituciones han de legitimar su actuación ante la sociedad día a día. La transparencia ha llegado para quedarse.

Jesús Encabo