El Consejo aprueba un informe específico sobre los ayuntamientos que incumplen la obligación de rendir cuentas
En una sesión plenaria celebrada hoy en Zamora
- La rendición de cuentas de los ayuntamientos correspondiente al periodo 2003-2013 ha evolucionado positivamente, con un crecimiento de más de 11 puntos hasta alcanzar el 94%
- Al comenzar la elaboración del informe (1 de mayo de 2015) había 233 ayuntamientos de población inferior a 1.000 habitantes con dos o más cuentas del periodo 2010-2013 pendientes de rendir
- Desde el inicio de la fiscalización a la fecha actual, 81 de los 233 ayuntamientos han rendido un total de 216 cuentas de los cuatro ejercicios analizados, un 29% de las pendientes
- Las causas de no rendición que señalan los ayuntamientos son la insuficiencia de medios, tanto humanos (58,9%) como materiales (40%), y el retraso en la llevanza de la contabilidad (37,9%)
- El Consejo recomienda acciones de concienciación orientadas a sensibilizar a las corporaciones locales, así como cambios normativos para vincular la concesión de ayudas y subvenciones públicas al cumplimiento de la rendición de cuentas
El Consejo de Cuentas ha aprobado hoy el “Informe de seguimiento de los ayuntamientos con incumplimientos reiterados de la obligación de rendición de cuentas” en una sesión plenaria celebrada en la sede de la Diputación de Zamora. El informe analiza específicamente la situación que presentan dichos ayuntamientos en determinados aspectos de su organización y funcionamiento, así como las causas de los incumplimientos.
Este trabajo puede considerarse complementario al objeto de un informe anterior realizado por el Consejo sobre la organización del control interno de la gestión económico-financiera y contable de las entidades locales de Castilla y León, así como a las actuaciones desarrolladas con motivo de los informes anuales sobre las cuentas del sector público local.
La rendición de cuentas por parte de los 2.248 ayuntamientos de Castilla y León, (con datos actualizados a 11 de abril de 2016) registra una evolución positiva con más de 11 puntos de incremento, habiendo pasado del 82,6% del ejercicio 2003 hasta el 94% de 2013. Asimismo, el cumplimiento dentro del plazo legal ha mejorado notablemente, pasando del 37,5% inicial al 78,8%.
La fiscalización se ha centrado fundamentalmente en los ayuntamientos con población inferior a los 1.000 habitantes que tenían pendientes de rendir dos o más cuentas en el periodo 2010-2013, tomando una muestra representativa de los mismos para determinados aspectos del análisis. A la fecha inicial de referencia para la realización del informe (30 de abril de 2015) se encontraban en dicha situación 233 ayuntamientos, con un total de 743 cuentas pendientes de rendición.
Los municipios de las provincias de Zamora, Segovia y Ávila, son los que presentan índices de incumplimiento más altos, resultando afectados por esta situación el 23,9% de los ayuntamientos menores de 1.000 habitantes de Segovia, el 20,6% de los pertenecientes a la provincia de Zamora y el 17,1% de los de Ávila.
Atendiendo a su población, los ayuntamientos menores de 250 habitantes son los más afectados por dicha situación, concentrando el 70% de los 233 ayuntamientos con incumplimientos reiterados.
Es destacable la evolución positiva que ha registrado la rendición de cuentas de estos ayuntamientos como resultado de los trabajos de la presente fiscalización, pues desde el inicio de los trabajo a la fecha actual se han rendido un total de 216 cuentas por parte de 81 ayuntamientos.
Según han manifestado los ayuntamientos afectados, los órganos de gobierno no siempre son conocedores de los requerimientos de rendición de cuentas efectuados por el Consejo de Cuentas a sus municipios.
Cumplimiento del ciclo presupuestario y contable
Las pruebas realizadas han puesto de manifiesto que, con carácter general, los ayuntamientos fiscalizados incumplen los plazos establecidos para la aprobación del presupuesto y su liquidación así como los de formación y aprobación de la Cuenta General, a pesar de la mejora que se ha producido en los últimos ejercicios. En este contexto, la falta de rendición de cuentas constituye un incumplimiento más de los relativos al ciclo presupuestario y contable.
Respecto a la aprobación del presupuesto, con referencia al ejercicio 2013, sólo el 4,2% de los ayuntamientos examinados realizó la aprobación definitiva antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior (fecha límite establecida por la normativa). Un número significativo de los ayuntamientos repite en varios ejercicios los incumplimientos detectados en la aprobación del Presupuesto, lo cual hace presumir que dicha forma de proceder constituye un problema crónico para estas entidades, más allá de un desajuste puntual en su rutina de funcionamiento.
Respecto a la aprobación de las cuentas pendientes de rendición, el 63,2% de los ayuntamientos de la muestra declaró tener aprobada la Cuenta General de 2010, el 70,5% la de 2011, el 63,2% la de 2012 y el 65,3% la de 2013.
De la muestra analizada se desprende que en la mayor parte de los casos la falta de rendición de cuentas no se debe a su falta de formación, puesto que el 69,2% de las cuentas no rendidas estaban formadas. En un porcentaje también elevado, el origen del incumplimiento tampoco se encuentra en la falta de aprobación de las cuentas ya que el 48,1% de las cuentas no rendidas estaban aprobadas.
Organización de la contabilidad y control interno
En los 233 ayuntamientos analizados, la provisión de puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional (FHN) mediante concurso no llega a la mitad (47,2%), encontrándose el resto cubiertos mediante procedimientos de provisión temporal (44,6%), eximidos de mantener el puesto de secretario-interventor (3%) o vacantes (5,2%).
La cobertura mediante concurso de los puestos de Secretaría-Intervención en los ayuntamientos afectados por incumplimientos reiterados de rendición es notablemente inferior a la que se registra, con carácter general, en puestos de la misma categoría.
En las pruebas realizadas, no se aprecia relación entre el número de cuentas pendientes de rendir y el mayor grado de rotación del FHN que asume las responsabilidades contables. Igualmente, tampoco se ha podido establecer una relación directa, entre la falta de rendición de cuentas y las situaciones heredadas del pasado, relacionadas con el grado de permanencia del anterior secretario-interventor.
Cabe concluir, por tanto, que la falta de rendición de cuentas en estos ayuntamientos, con carácter general, no responde a problemas derivados de una elevada inestabilidad en el desempeño de los puestos de Secretaría-Intervención.
Del total de los ayuntamientos fiscalizados, el 83,3% se encuentran agrupados como fórmula de desempeño de puestos de trabajo reservados a FHN, lo que representa más de cinco puntos porcentuales respecto al total de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de la misma categoría (77,9%). Cabe presumir que esta circunstancia ejerce cierta influencia negativa en el cumplimiento de la rendición de cuentas, si bien las pruebas realizadas no ofrecen resultados concluyentes al respecto.
De las comprobaciones realizadas dentro del grupo de ayuntamientos con problemas de rendición, se desprende que la excesiva duración de algunas acumulaciones autorizadas para el desempeño de otros puestos de trabajo por un mismo FHN repercute negativamente en el cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas.
Atendiendo a la relación entre cuentas pendientes de rendición del periodo 2010-2013 y los titulares de los puestos de Secretaría-Intervención, se deduce que en los ayuntamientos fiscalizados las situaciones más frecuentes son las de secretarios-interventores que suman cuatro cuentas pendientes de rendición (30,2%), ocho cuentas (19,8%) y dos cuentas (17,2%).
La aplicación de contabilidad utilizada por los ayuntamientos consultados, en la mayor parte de los casos, no fue suministrada por la diputación o el Consejo comarcal (67,4%), resultando desigual la participación de dichas instituciones.
Las conexiones a Internet presentan diferencias en función de la provincia a la que pertenezca el ayuntamiento. Una parte significativa de los municipios fiscalizados no disponían de conexión con banda ancha (34,7%), requisito indispensable para utilizar la Plataforma de Rendición de Cuentas, afectando dicha limitación, de forma más destacada, a los ayuntamientos de las provincias de Burgos, Soria y Salamanca.
En la operatoria contable de los ayuntamientos analizados, adquiere especial protagonismo la actuación del secretario-interventor (62,1%), aunque también se advierte una presencia significativa de empresas externas realizando dichos cometidos (33,7%). Esta última modalidad es utilizada, sobre todo, por los ayuntamientos más pequeños, alcanzando el 50% en los de menos de 100 habitantes.
Las operaciones de rendición de cuentas a través la Plataforma suele realizarlas también el secretario-interventor (51,6%), aunque también es notable la asistencia por parte de empresas externas (33,7%). En cambio, resultan minoritarios los ayuntamientos que encomiendan dicho proceso a la diputación (6,3%).
Causas de la falta de rendición y medidas adoptadas
Las causas que de forma expresa señalan los ayuntamientos de la muestra como determinantes de la falta de rendición de cuentas guardan relación fundamentalmente con la insuficiencia de medios, tanto humanos (58,9%) como materiales (40%) y con el retraso en la llevanza de la contabilidad (37,9%).
A nivel provincial, la insuficiencia de medios humanos afecta más a los ayuntamientos de Ávila, Valladolid y Zamora; la limitación en medios materiales es destacada por los ayuntamientos de las provincias de León y Burgos; y el retraso en la llevanza de la contabilidad tiene más incidencia en los ayuntamientos de Soria.
Entre las medidas adoptadas por los ayuntamientos para dar solución a los problemas que impiden o dificultan la rendición de cuentas, la más frecuente ha sido recurrir a los servicios de empresas externas (17,4%), seguida de la modernización de medios informáticos (14%) y la solicitud de ayuda a los servicios de asistencia técnica de las diputaciones (10,5%). Por provincias, las opciones mayoritarias son, en Ávila, Palencia y Segovia, la asistencia de empresas externas; en León la asistencia de la diputación; y en Burgos y Zamora la mejora de medios informáticos.
Situación económico-financiera
A nivel agregado, la muestra analizada de 88 municipios presenta superávit en los presupuestos iniciales y en los definitivos del ejercicio 2013.La media de ejecución presupuestaria se situó en un 89% para los ingresos y un 80% para los gastos.
Recomendaciones
El Consejo de Cuentas, al mismo tiempo que constata los progresos producidos en los últimos años, realiza nueve recomendaciones en las que insiste en determinados aspectos ya reflejados en anteriores informes.
En este sentido se vuelve a plantear que la Junta de Castilla y León adopte medidas normativas para que, con carácter general, la rendición de cuentas constituya un requisito indispensable para la concesión y/o pago de ayudas y subvenciones públicas a las entidades locales, en la línea de las ya implantadas por otras Comunidades Autónomas como la Valenciana, Galicia, Madrid, Aragón, Cataluña y Canarias.
También se recomienda que las diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo desarrollen acciones de concienciación y formación orientadas a sensibilizar a los cargos electos de las corporaciones locales, en el puntual cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas.
Por otra parte, el Consejo considera que la Comunidad Autónoma debería proceder a revisar la composición de las actuales agrupaciones existentes para el sostenimiento en común del puesto de trabajo de Secretaría para adaptarlas, con criterios racionales y objetivos, a la carga de trabajo.
De igual manera, se plantea que se restrinja al máximo, por parte de la administración autonómica, la autorización de acumulaciones para la compatibilización de varios puestos por los FHN, respecto a otras formas de provisión que, aunque de carácter igualmente temporal, resultan más acordes con la naturaleza de las ausencias o vacantes que se pretenden cubrir.
Finalmente, debería acometerse una revisión de la actual regulación estatal de carácter básico, reduciendo los plazos de aprobación y rendición de la cuenta general ante los órganos de control externo. Con ello se conseguiría una mayor agilidad en el suministro de la información contable y el control de su gestión, optimizándose igualmente la transparencia, al aproximar la información económica y presupuestaria de la gestión realizada, a la fecha de cierre del ejercicio al que se refiera.
