El Consejo aprueba un informe "pionero" y "útil" con recomendaciones y propuestas ante el problema de la despoblación
El informe del Consejo de Cuentas ha aprobado hoy en las Cortes de Castilla y León “Fiscalización de la aplicación de las medidas aprobadas por las Cortes de Castilla y León en materia de despoblación en las entidades locales” ha sido entregado por el órgano de control al presidente del Parlamento autonómico, Luis Fuentes, y presentado por el consejero del órgano de control externo Emilio Melero. En su presentación, el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha destacado la dependencia de este órgano de control, tanto funcional como orgánicamente, respecto de las Cortes de Castilla y León, así como las iniciativas que lleva a cabo Fuentes en relación a las tareas del Grupo de Trabajo sobre Despoblación y Envejecimiento.
Amilivia apuntó que este informe es un “documento útil” para los actores políticos ya que, subrayó, “desde el consenso, la serenidad y la independencia, no se pretende interferir en el debate político, sino aportar una reflexión sobre lo hecho hasta ahora, dar visibilidad a las carencias detectadas y, en su caso, aportar recomendaciones para que existan más elementos de juicio en torno a la despoblación”.
Es un informe pionero, añadió, que ha suscitado el interés de otros órganos de control externo autonómicos acuciados también por el problema, y que “nos llevará a tener encuentros bilaterales para el intercambio de información y experiencias con otras comunidades autónomas como es el caso de Aragón”.
Se trata de una auditoría de carácter operativo, que junto con las de legalidad y las económico-financieras centran el trabajo de la institución. El presidente significó que fiscalizaciones operativas como esta contribuyen a mejorar la conciencia de responsabilidad en la gestión. Sin entrar a cuestionar las decisiones políticas, sí examinan si han existido inconsistencias técnicas en los acuerdos adoptados o bien en su forma de aplicación. En definitiva, promueven la transparencia y, en su caso, establecen propuestas de mejora, recomendaciones para que los entes fiscalizados tomen las decisiones correspondientes.
Ha puntualizado Mario Amilivia que la dinámica poblacional es "un fracaso" y "el gran problema" de la Comunidad, pero ha pedido a los dirigentes políticos que "miren hacia adelante, elaboren una nueva agenda" y se tomen "en serio esto", ya que, de lo contrario, Castilla y León estará abocada a una situación que no queremos para nuestros hijos". También ha explicado que, una vez analizadas las iniciativas acordadas en 2006 y la llamada "Agenda para la Población" 2010-2020, más allá de que algunas de ellas hayan funcionado, el hecho de que la población haya retrocedido un 2 por ciento indica que "en todo caso habrían fracasado".
El presidente de la institución propia subrayó la elección de la presentación del trabajo en las Cortes porque hay tres circunstancias de carácter simbólico-temporal muy cercanas a la Asamblea y al Ejecutivo autonómico. Y es que en este ejercicio finaliza la aplicación de la Agenda para la Población 2010-2020 y la Administración autonómica debe evaluar el impacto real de las medidas desarrolladas para determinar la estrategia que se deba desarrollar de cara al futuro", con lo que este trabajo se espera que sea "un punto de partida".
En segundo lugar, porque una de las recomendaciones es la creación de una figura similar a la del Observatorio de la población, acordado en 2006, "pero no puesto en marcha de manera efectiva", y que se crearía en el seno del Parlamento.
En tercer lugar, porque el propio presidente de las Cortes, Luis Fuentes, coordina el grupo europeo, en el marco de la CALRE, de despoblación y envejecimiento. "Creemos que ahí se puede poner en común el grado de cumplimiento de las medidas puestas en marcha en Castilla y León y en otras regiones europeas", expuso Amilivia.
El consejero Emilio Melero, encargado de profundizar en el contenido del trabajo, ha señalado como "verdad palmaria" que los movimientos poblacionales se sustentan fundamentalmente en la búsqueda de empleo y en la actividad económica existente en cada zona, mientras que no tienen tanto peso la existencia de servicios públicos esenciales. El informe se sustenta, explicó, en una encuesta para concoer el grado de conocimiento y aplicación de las actuaciones impulsadas por los diferentes niveles de gobierno, por parte de las diputaciones, capitales de provincia y municipios de más de 10.000 habitantes. Del total de 32 entidades, 6 ayuntamientos y una diputación no presentaron la documentación solicitada.
El informe destaca que entre 2008 y 2018 Zamora ha perdido un 11,5% de población, seguida de Ávila (7,7) y León (7,2%) La menor disminución corresponde a Valladolid, con un 1,7%. El saldo vegetativo entre 2008 y 2018 ha sido negativo en 106.828 personas. Considerando saldo demográfico y migratorio, el resultado es la pérdida de población en Castilla y León, en el periodo 2008-2018 de 151.613 personas. Detalló también Melero que, analizado el saldo migratorio global entre 2016 y 2018 en función de la formación, se constata que por cada persona que viene a la Comunidad con una tiotulación superior, se van dos.
El informe reclama a todas las administraciones públicas que centren sus esfuerzos en la generación de actividad económica como mejor acicate para dinamizar las políticas demográficas. Melero también ha significado que solo 9 de las 32 entidades locales y diputaciones consultadas disponen de planes específicos para combatir la despoblación y el envejecimiento, por lo que la mayoría no dispone de un sistema de indicadores útiles para valorar la influencia de las medidas tomadas.
El documento recomienda a la Junta de Castilla y León que, tras evaluar el anterior plan, opte por ejecutar diferentes proyectos piloto en distintas zonas de la Comunidad para testar de forma constante el funcionamiento de cada una de ellas.
El presidente de las Cortes, Luis Fuentes, que ha participado en la presentación del informe, felicitó al Consejo de Cuentas por el trabajo realizado: "Un documento pionero y necesario para proponer, discutir y aportar medidas en esta materia", apuntó. El presidente del Parlamento significó que el Consejo "pone el foco en la reactivación económica y en la creación de nuevos yacimientos de empleo como medidas imprescindibles para fijar población en los próximos 10 años". Añadió en este sentido que resultará mucho más eficiente y eficaz una evaluación continua que esperar a la culminación del próximo plan, cuya vigencia ha previsto para 2030.
Fuentes ha dado por hecho que las Cortes de Castilla y León crearán el demandado Observatorio Demográfico en forma de comisión no permanente por la que podrán desfilar expertos en la materia a fin de evaluar y plantear alternativas que puedan servir para la adopción de medidas, tal y como explicó Melero.
