El Consejo de Cuentas aprueba tres nuevos informes y mantiene la previsión de finalizar el año con 22
- El Pleno ratificó hoy la aprobación del análisis de la seguridad informática del Ayuntamiento de Soria y las fiscalizaciones del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial en 2023
- El Plan de Fiscalizaciones para el año 2026, que incluye 18 nuevos trabajos, será presentado por el presidente Amilivia el próximo lunes en las Cortes
El Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León aprobó hoy tres nuevos informes, y mantiene así la previsión de finalizar el año con 22 auditorías.
De esta forma, el organismo que integran el presidente Mario Amilivia y los consejeros Emilio Melero y Miguel Ángel Jiménez aprobó el informe del análisis de la seguridad informática del Ayuntamiento de Soria, la fiscalización del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) y la fiscalización de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) del ejercicio 2023.
Por otro lado, Amilivia presentará el próximo lunes en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León el Plan de Fiscalizaciones para 2026, con 18 nuevos informes previstos, incluido el trabajo de seguimiento de las recomendaciones efectuadas a los entes fiscalizados a lo largo de este año.
Entre estos, ante la próxima cita electoral de marzo, figura la fiscalización de la contabilidad electoral. Además, se incluyen dos importantes auditorías operativas, una sobre la Receta Electrónica y otra sobre la política de vivienda que despliegan las entidades locales de la Comunidad.
Ciberseguridad del Ayuntamiento de Soria. Con esta fiscalización, sólo queda el Ayuntamiento de Zamora como última capital de provincia en ser analizada su seguridad informática.
El Consejo inició en este mandato de manera pionera en el ámbito del control externo autonómico la programación de la seguridad informática de las entidades locales. Posteriormente, comenzó a verificar también el funcionamiento de los controles básicos de ciberseguridad en las capitales de provincia, así como el grado de efectividad alcanzado por estos controles.
En el caso del Ayuntamiento de Soria, recomienda que impulse las actuaciones necesarias para solventar algunos incumplimientos normativos y deficiencias técnicas.
También, que implante una estrategia a largo plazo estableciendo una gobernanza de tecnologías de la información adecuada, con atención a solventar la situación de algunas de las plazas de la plantilla, dotar de recursos al Servicio de Sistemas y Tecnologías de la Información y realizar autoevaluaciones de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.
La entidad obtiene un nivel 2 de madurez, con un índice de cumplimiento global de los controles del 61%, lo que significa que se halla a 19 puntos para alcanzar un nivel 3, que implica un proceso bien definido y estandarizado.
El Consejo destaca que la entidad está trabajando en la adaptación al nuevo Esquema Nacional de Seguridad y en la aprobación de la normativa necesaria. Además, está avanzando en otros apartados.
Fiscalización del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. Las actuaciones de este trabajo se han referido fundamentalmente al ejercicio 2023, sin perjuicio de las comprobaciones relativas a otros anteriores.
El alcance de la fiscalización se restringió a determinadas áreas de la actividad del ayuntamiento: estructura de personal; endeudamiento financiero y comercial; análisis de subvenciones; eficacia y eficiencia de la gestión recaudatoria y planes de igualdad.
El ayuntamiento prestó una actitud general de colaboración, sin que existieran con carácter general limitaciones al alcance de los trabajos; si bien, con relación al área de análisis de la eficacia de la gestión recaudatoria, no pudo realizarse el trabajo en su totalidad conforme al alcance previsto. Es especialmente destacable la falta de información de datos recaudatorios sobre la tasa por suministro de agua potable y conservación del alcantarillado.
Como principal limitación no pudo realizarse un análisis de la gestión tributaria, diferenciando el periodo voluntario del ejecutivo. Así, no se pudieron obtener indicadores diferenciados de la gestión de ambos periodos.
Resumidamente, el tercer ayuntamiento por población de la provincia leonesa no cumple con la obligación de aprobar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la última plantilla aprobada corresponde al ejercicio 2020, lo que provoca diversas disfunciones.
Con relación al endeudamiento, se supera el límite del 110%. Si bien se están adoptando las medidas de reducción de la deuda viva municipal establecidas en el Plan de ajuste, no se está financiando íntegramente el coste de los servicios a través de las contraprestaciones que deben fijarse.
El Consejo de Cuentas anota once recomendaciones, entre estas que el consistorio leonés apruebe la RPT para solventar los asuntos relacionados con la situación de la plantilla y los aspectos retributivos. Además, señala que debería reorganizar el servicio de Recaudación y continuar con el cumplimiento del Plan de ajuste.
Fiscalización de los expedientes justificados al FCI. En opinión del Consejo de Cuentas se cumple la legalidad respecto de la ejecución de los proyectos del FCI en 2023 en lo que respecta a la naturaleza de los gastos realizados. Todos los expedientes revisados se corresponden con el tipo de gasto financiado, son gastos de inversión y se contabilizaron correctamente en la contabilidad de cada entidad.
La dotación global del FCI ascendió a 432 millones de euros, cantidad que no ha variado desde 2019. La asignación para la Comunidad fue de 17 millones, de los que 13 correspondieron al Fondo de Compensación y 4 al Fondo Complementario. Esta cantidad supuso un 4% sobre el total del FCI, 0,3 puntos porcentuales menos que en 2022. Siete comunidades autónomas reciben más recursos de este Fondo y dos menos recursos que la Comunidad. En Castilla y León, el 40% de la dotación del Fondo fue para infraestructuras sanitarias; el 28% para infraestructuras para la educación; el 19% para infraestructuras agrarias y el 13% para las viarias.
