Consejo de Cuentas de Castilla y León

• La aceptación de las recomendaciones realizadas en 2019 fue del 69%, 8 puntos más. En cuanto al cumplimiento, fueron aplicadas íntegra o parcialmente 131 de las 232 analizadas, un 56%, el mejor resultado de la serie histórica. La Junta incrementó su cumplimiento en 29 puntos porcentuales

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha presentado hoy en el Parlamento autonómico el informe de seguimiento de las recomendaciones realizadas en 2019 a los entes fiscalizados, un informe pionero en el ámbito de los órganos de control externo y que revela, destacó, la auctoritas de la institución ya que los datos reflejan una mejoría evidente. Todo lo cual coadyuva a la mejora de la gestión pública en Castilla y León.

Este trabajo expone el resultado del séptimo análisis de esta naturaleza que realiza el Consejo. Como consecuencia del estado de alarma y la paralización de plazos administrativos, la publicación de este informe se produjo el 20 de noviembre de 2020 cuando de forma ordinaria su aprobación se propone dentro de los 4 primeros meses del año. Los resultados han experimentado una importante mejora.

Las circunstancias sobrevenidas que llevaron la aprobación del informe al segundo semestre del año han demostrado que la reforma del reglamento propuesta por el Consejo para la ampliación de los plazos de respuesta por los entes fiscalizados está cargada de sentido.

Precisó Amilivia que el plazo vigente, dentro del primer cuatrimestre del año, no representa en la práctica tiempo suficiente para que los entes auditados puedan aplicar las recomendaciones, aun teniendo voluntad de hacerlo. Se trata de establecer un plazo más razonable, dentro del segundo semestre, para obtener una imagen más fiable sobre la voluntad efectiva de las administraciones de cumplir con las recomendaciones.

De las 274 recomendaciones formuladas durante 2019, se analizan 232 contenidas en 9 informes. 42 no se analizan por ser de carácter legislativo, por haber perdido validez como consecuencia de reformas legislativas posteriores a su aprobación, o por no tener un destinatario específico.

El grado de aceptación de las recomendaciones realizadas fue del 69%, porcentaje en el que se tienen en cuenta tanto aquellas en las que se considera que se han cumplido total o parcialmente, como aquellas en las que solo se ha manifestado su conformidad. En 2018 el porcentaje fue del 61%.

Se aplicaron de forma íntegra o parcial 131 de las 232 analizadas, lo que representa un grado de cumplimiento del 56%, el mejor de la serie histórica. Se  produjo un notable incremento de 14 puntos porcentuales respecto del 42% (72 de 172) obtenido en el informe de 2018.

La evolución del cumplimiento es muy heterogénea dependiendo de los entes fiscalizados que se incorporen al análisis. En 2019 se cumplieron total o parcialmente un 56%; en 2018 un 42%; en 2017 un 46%; en 2016 un 42%; en 2015 un 34%; en 2014 un 50% y en 2013 un 38%.

En los 7 años en que se lleva realizando este informe fueron aplicadas total o parcialmente 567 recomendaciones de las 1.254 analizadas, lo que representa un porcentaje medio del 45% para todo el periodo 2013-2019.

El porcentaje de cumplimiento es muy heterogéneo entre las diversas administraciones: las diputaciones el 64% (29 de 45 recomendaciones), municipios el 54% (81 de 150); Junta de Castilla y León el 60% (21 de 35) y finalmente la Fundación Siglo no aplicó, pero tomó en consideración las dos enviadas.

Por primera vez el cumplimiento de las recomendaciones en los informes de naturaleza legal superó al registrado en los de naturaleza especial. En los legales fueron aplicadas total o parcialmente el 62% (16 de 26) de las recomendaciones analizadas, mientras que en los especiales el porcentaje alcanza el 56%.

El grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Junta, única administración fiscalizada todos los años, experimentó un importante ascenso respecto al año anterior. Esta es la evolución registrada: un 13% de cumplimiento total o parcial en 2013; un 20% en 2014; un 22% en 2015; un 22% en 2016; un  32% en 2017; un 31% en 2018 y un 60% en 2019, 29 puntos más que el año anterior.

Ante todo ello, el Consejo valora positivamente las mejoras introducidas mediante la aplicación de las recomendaciones, si bien insta a la puesta en práctica de las no atendidas con el objetivo general de avanzar en la calidad de la gestión pública.