El Consejo inicia tres nuevos trabajos, entre ellos el de análisis del modelo para fomentar las asociaciones voluntarias de municipios
- El Pleno del Consejo de Cuentas ha iniciado tres nuevos trabajos de fiscalización que se suman a los que ya están en marcha a lo largo del presente año, a punto de finalizar
Un ejercicio, el de 2021, en el que se habrá alcanzado el mayor número de informes aprobados en todo el registro histórico del órgano de control externo.
Los trabajos que se inician tras el visto bueno a las correspondientes directrices técnicas -los tres correspondientes al Plan Anual de Fiscalizaciones del presente ejercicio- son los relativos al análisis de las garantías a la privacidad de los datos de los usuarios de la Plataforma de Educación ‘online’ utilizada en los centros educativos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León; a la fiscalización de la contratación pública vinculada a la Covid-19, celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de Castilla y León en el ejercicio 2020, y al análisis de los efectos de la aplicación de la Ley 7/2013 de Ordenación de Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León en la prestación de servicios por las entidades locales.
El primero de los trabajos se trata de una fiscalización operativa para analizar las actuaciones llevadas a cabo por la Junta para garantizar la privacidad de los datos de los usuarios de la plataforma de educación ‘online’ utilizada en los centros educativos. Se analizarán, entre otras cuestiones, la regulación contenida en el contrato, convenio o acto jurídico que se haya utilizado como base para el uso de la plataforma; las medidas tomadas por la administración para la protección sistemática y constante de la privacidad de los usuarios; así como las medidas tomadas para garantizar el ejercicio de los derechos por parte de los interesados además de verificar si las medidas adoptadas por la administración autonómica se alinean con las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de datos en materia de enseñanza ‘online’.
El objetivo del segundo trabajo es analizar el cumplimiento de la legalidad en la gestión de los contratos de emergencia celebrados por la Administración autonómica como consecuencia de la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia, formalizados en el año 2020.
El tercer trabajo tiene como finalidad determinar si las actuaciones, programas e instituciones previstas en la Ley 7/2013 de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León impulsan un modelo que, a través del fomento de asociaciones voluntarias de municipios, pretende hacer más eficaz y eficiente la gestión de las competencias municipales. Concretamente, esta fiscalización operativa comprobará la eficacia de las actuaciones para potenciar fórmulas de gobierno y administración local más eficientes, especialmente las de carácter asociativo voluntario y verificará los efectos de las actuaciones dirigidas a fomentar la solidaridad de la comunidad municipal en el ejercicio de las competencias exclusivas y de desarrollo normativo y de ejecución de la comunidad autónoma.
Las actuaciones fiscalizadoras se referirán fundamentalmente al ejercicio 2021, sin perjuicio de las comprobaciones relativas a otros ejercicios que pudieran estimarse necesarias.
