Consejo de Cuentas de Castilla y León

• El presidente del Consejo considera muy mejorables los porcentajes de cumplimiento sobre la obligación legal de remisión de la información contractual por parte de las entidades locales
• Amilivia anuncia la firma de un convenio de colaboración con el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales para consolidar criterios comunes en relación a la normativa contractual
• El Ayuntamiento de Valladolid presenta una buena situación económico-financiera. Cumplió con la estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera en la liquidación de 2016
• Se recomienda que el consistorio atienda los compromisos de inversión que justificaron la remunicipalización de la gestión del agua: alcanzar adecuados niveles de calidad, eficacia y eficiencia

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, presentó hoy ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico dos nuevos informes:fiscalización de la contratación realizada en el Sector Público Local, en colaboración con el Tribunal de Cuentas y fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Valladolid, ejercicio 2016.

Significó Amilivia al inicio de su intervención que se han alcanzado los 200 informes aprobados históricamente por el Consejo, que en este mandato ha expuesto ya 44 ante la Comisión y que los efectos de la pandemia pueden alterar algunas de las conclusiones recogidas en ellos.

Pese a esta excepcional coyuntura afirmó que la institución está en condiciones de concluir el ejercicio con un número significativo de informes aprobados, en torno a 15. Actualmente tramita en distintas fases 29 trabajos correspondientes a los planes anuales de fiscalizaciones de 2019 y 2020.

La auditoría sobre la contratación realizada en las entidades locales comprende los expedientes formalizados en los ejercicios 2016 y 2017, es decir, en el ámbito legislativo anterior a la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Se trata, en primer término, de comprobar el cumplimiento por parte de las 4.952 entidades locales de la Comunidad de la obligación de remitir anualmente al Consejo, en los dos primeros meses de cada ejercicio, una relación de todos los contratos formalizados durante el año anterior, excepto la contratación menor. Y de remitir, en su caso, una certificación negativa de no haberse celebrado ninguno.

La comprobación se extiende también a la comunicación en el plazo de 3 meses de los expedientes e incidencias de los contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos y de colaboración público-privado cuyo importe exceda de 600.000 euros; contratos de suministro de más de 450.000 euros, contratos de servicios superiores a 150.000 y contratos administrativos especiales de más de 150.000.

En segundo lugar, la auditoría atiende la observancia de la legalidad en la gestión de dicha contratación sobre una selección de 45 expedientes correspondientes a una muestra de 19 ayuntamientos con más de 5.000 habitantes, sumando el importe que representa dicha selección 30 millones de euros.

El Consejo emitió 23 conclusiones y 4 recomendaciones. En cuanto a la obligación de comunicación de los contratos y envío de documentación, al cierre de 2018 la información del ejercicio 2016 la enviaron 3.748 entidades, el 76% del total. La relativa a 2017 la remitieron 3.558, el 72% del total.

Del ejercicio 2016 solo 362 remitieron una relación de contratos, el 7%, y 3.386 una certificación negativa. De 2017 enviaron una relación de contratos 378 entidades, el 8% del total, y 3.180 una certificación negativa. Del ejercicio 2016 el 43% de las entidades que remitieron información lo hicieron en plazo, y del 2017, el 48%. Entre los ayuntamientos que no habían enviado la documentación preceptiva de uno o de ambos ejercicios figuran  5 capitales de provincia: Valladolid, Burgos, Salamanca, Palencia y Soria.

En relación a la documentación de los contratos que debe ser enviada al Consejo dentro los 3 meses siguientes a su formalización, hasta el 31 de diciembre de 2018 se habían remitido 26 contratos correspondientes a 2016, por importe de 30 millones, relativos a 9 entidades, representando el 24% del total. Respecto a 2017 se remitió documentación sobre 31 contratos que sumaban 58 millones y que correspondían a 13 entidades, el 33% del total.

En segundo lugar, en cuanto a la observancia de los requisitos legales más significativos, Amilivia desgranó distintas incidencias en cuanto a las actuaciones preparatorias de los 45 expedientes analizados, así como en lo referente al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y a la adjudicación, formalización y afianzamiento de los contratos. De todo ello, en la fiscalización no se ha observado ninguna posible responsabilidad contable.

El presidente del órgano de control externo subrayó las siguientes recomendaciones:

1. Las entidades integrantes del sector público local deben cumplir con la obligación de remisión al Consejo de Cuentas de las relaciones certificadas comprensivas de los contratos formalizados, así como del documento de formalización y del extracto del expediente de los contratos indicados en la normativa vigente.
2. Los órganos de contratación deberán velar por la inclusión en todos los expedientes de la justificación de la necesidad del contrato, de la elección de los criterios de adjudicación y de los medios utilizados para determinar la correcta estimación del importe del contrato. Deberán reservar además la tramitación de urgencia de los expedientes a los contratos cuya celebración responda a necesidades inaplazables o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público.
3. Los órganos de contratación deben cuidar la redacción de los pliegos, en especial en lo referente a la correcta determinación de los medios para la acreditación por los licitadores de la solvencia económico-financiera y técnica y profesional exigida; la elección de la fórmula de valoración de la oferta económica y de otros criterios evaluables de forma automática, y reforzar la objetividad de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor, estableciendo en los pliegos, detalladamente, todos los baremos que serán tenidos en cuenta.
4. Los órganos de valoración deben ajustar sus informes a lo dispuesto en los pliegos, sin introducir aspectos no previstos en los mismos, y motivarlos adecuadamente.

Amilivia valoró la colaboración con el Tribunal de Cuentas y el resto de los órganos de control autonómicos por ser “expresión de garantía de calidad democrática en la supervisión del gasto público”. En segundo término, sobre la obligación legal de remisión de la información contractual, reiteró la preocupación por unos porcentajes de respuesta que admiten mucho margen de mejora. “Cumplir con las obligaciones legales para que podamos fiscalizar, en este caso, la contratación de las entidades locales, representa una garantía esencial de calidad democrática por la cual, atendiendo un principio elemental de transparencia, las entidades locales deben rendir cuentas de su gestión ante los ciudadanos”.

El presidente significó que la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público abre una nueva etapa con la orientación estratégica de la contratación pública, que será objeto de estudio en futuras fiscalizaciones. Una nueva etapa en la que, además, la contratación queda fuertemente condicionada por las necesidades asistenciales y sociales derivadas de la pandemia, y en la que también incidirá la liberación de los remanente acumulados en los últimos años por los ayuntamientos.

Finalmente, en la línea de fortalecer el papel del Consejo de Cuentas como referente autonómico para una mejor gestión de los recursos públicos, anunció que está previsto suscribir un convenio de colaboración con el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCCyL)..

Se trata de establecer un marco de colaboración para el intercambio de información y la consolidación de una senda de criterios comunes respecto de la interpretación y aplicación de la normativa contractual, así como contemplar posibles acciones formativas de interés para los empleados públicos de ambas instituciones en materia de contratación pública.

Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Valladolid

Este informe fue publicado el pasado 9 de septiembre, corresponde al Plan anual de 2018 y analiza diversas áreas de la actividad económico-financiera de la entidad y de sus entes dependientes. El trabajo aborda tres objetivos específicos:

- Análisis del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, así como el cálculo y destino del remanente de tesorería y los principales indicadores de la ejecución del presupuesto.

- Análisis de los aspectos de carácter financiero relacionados, por una parte, con el endeudamiento y el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera y, por otra con las obligaciones derivadas del cálculo del coste y rendimiento de los servicios públicos.

-  Verificación del cumplimiento de la normativa aplicable a las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento.

La auditoría se refiere al ejercicio 2016, aunque se han verificado informaciones y actuaciones del Ayuntamiento en 2017 y además, en determinados aspectos, las comprobaciones se han extendido a datos conocidos en 2018 y 2019. El resultado de los trabajos se manifiesta en 50 conclusiones.

El consistorio cumplió con los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera en la liquidación presupuestaria de 2016. Obtuvo un superávit de 28 millones de euros, que fue aplicado a los fines previstos en la normativa aplicable a lo largo de los ejercicios 2017 y 2018, quedando un saldo pendiente de aplicar a dicho superávit de 5,7 millones, que debe ser destinado a la cancelación de endeudamiento.

En cuanto a la regla de gasto, resultó inferior el gasto computable, cifrado en 217,2 millones, al límite de dicha regla, situado en 217,5. En relación a sociedades dependientes, solo el Consorcio Institución Ferial de Castilla y León presentó resultados negativos en 2016, situación que logró revertir en el siguiente ejercicio.

El remanente de tesorería para gastos generales fue positivo, alcanzando los 41 millones. Una parte considerable se utilizó en 2017 para financiar modificaciones de créditos, destacando las destinadas a inversiones financieramente sostenibles vinculadas al superávit presupuestario de 2016, que sumaban 16 millones.

Se cumplió asimismo con el límite de deuda o principio de sostenibilidad de la deuda financiera en la liquidación de 2016, situándose los niveles de endeudamiento financiero registrados en el periodo 2015-2018 muy por debajo del límite máximo del 110% establecido en la normativa. Así, en la liquidación presupuestaria de 2016 se situó en un 43%, en una paulatina reducción de su deuda pública municipal.

En relación a la información mensual del periodo medio de pago, todas las entidades con presupuesto limitativo están por debajo de los 30 días. En el Ayuntamiento, el periodo medio de pago mensual varía de un mes a otro, situándose entre los 0,41 y 23,54 días.

En materia de subvenciones, la regulación municipal adolece en algún caso de falta de coherencia o de adecuación con lo establecido en la Ley General de Subvenciones. Se han producido incumplimientos de determinados preceptos y requisitos en las distintas fases del procedimiento de concesión de subvenciones de forma directa y en régimen de concurrencia competitiva.

En resumen, Amilivia subrayó que el Ayuntamiento presenta una buena situación económico-financiera. No obstante, se recomienda que los informes de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda  incluyan a todos los entes del sector de las administraciones públicas y también que se refieran a la situación de todas las entidades dependientes.

Asimismo aseveró que deben incrementarse los esfuerzos para el cobro de derechos pendientes de ejercicios cerrados o, en su caso, la depuración de dichos saldos, y que se elabore anualmente un informe de evaluación de la normativa sobre morosidad.

También recomendó el Consejo la implantación de un sistema de contabilidad analítica que dotaría de fiabilidad a la información sobre el coste de los servicios. En cuanto a este apartado el presidente del órgano de control apuntó la conveniencia de atender los compromisos de inversión que justificaron, entre otras razones, la remunicipalización de la gestión del agua, esto es, alcanzar los adecuados niveles de calidad, eficacia y eficiencia.

Por último, en materia subvencional, que debe adecuar su regulación a la normativa y primar la concurrencia competitiva sobre la concesión directa.