Encabo clausura la Jornada Técnica sobre Contratación del Sector Público
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Jesús Encabo, ha clausurado la Jornada Técnica sobre Contratación del Sector Público celebrada hoy en las Cortes regionales, subrayando el sentido de oportunidad del contenido tratado, habida cuenta de las importantes novedades normativas que se van a producir el próximo año en esta materia. Encabo ha expresado el agradecimiento de las instituciones organizadoras a los cualificados expertos que han participado así como a los más de 170 asistentes a la jornada, un elevado aforo que "pone de manifiesto como los empleados públicos están interesados en mejorar su formación y cualificación".
Santiago Martin, director de Fiscalización del Consejo de Cuentas, ha tratado sobre la fiscalización de los contratos, y las dificultades que comportan las continuas modificaciones legislativas. Desde el año 2000 se han aprobado 28 normas y solamente ha habido dos años sin modificaciones (2008 y 2010), mientras en 2013 se produjeron nueve modificaciones y cinco en 2015.
Luis Gracia, secretario del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Castilla y León y Letrado del Consejo Consultivo de Castilla y León ha explicado el recurso especial en materia de contratación y la tutela jurídica "rápida, eficaz e independiente" que presta el Tribunal de Recursos Contractuales.
En la sesión de tarde, la mesa redonda moderada por María García, secretaria del Pleno del Consejo Consultivo y Andrés Pérez-Moneo, secretario del Pleno del Consejo de Cuentas, ha abordado diversos criterios claves en el control de la contratación de las administraciones públicas.
José Ignacio Sobrini, consejero del Consejo Consultivo de Castilla y León y vocal del Tribunal de Recursos Contractuales ha comentado la situación del licitador ante la administración contratante y las soluciones que han dado los tribunales contractuales, tanto autonómicos como centrales, en relación a los principios que han de cumplirse en la contratación: libre concurrencia, publicidad, transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos. Asimismo, ha puesto de manifiesto los fines que la contratación ha de observar como el de estabilidad presupuestaria, control del gasto, eficiencia en los fondos utilizados y velar por la libre competencia.
Pedro San Miguel, subdirector de Fiscalización del Consejo de Cuentas de Castilla y León, ha examinado un asunto de máxima actualidad como las encomiendas de gestión, explicando las diferencias que hay entre la encomienda administrativa y la encomienda contractual, así como la regulación existente en Castilla y León. Por último, ha analizado la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público y lo que van a suponer en un futuro la aplicación de la Directiva 2014/24/ UE y el anteproyecto de la LCSP, con su nueva denominación como encargos.
Alejandro Herrero, letrado de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León, ha tratado de los convenios de colaboración versus contratos del sector público y ha incidido en la escasa regulación jurídica de que disponen, expresando que esta figura jurídica demanda una articulación normativa compleja y a la vez flexible que permita contar, no solamente con instrumentos jurídicos que pudieran partir en cualquier caso de la figura concesional, sino ante todo de instrumentos financieros adecuados para la acción en régimen de mercado.
Inmaculada Grajal, interventora de la Diputación Provincial de Palencia ha hablado de los contratos menores y de la problemática del fraccionamiento, analizando los informes de los órganos consultivos y de los órganos de control externo, así como los pronunciamientos judiciales.
Finalmente, Ignacio Pascual, jefe del Servicio de Intervención y Fiscalización de la Intervención General de la Junta de Castilla y León, ha abordado el control interno de la contratación en la Administración de la Comunidad. Su intervención ha versado sobre las distintas formas de control y sus implicaciones en la actividad contractual. Asimismo, se ha referido al control que lleva a cabo la Intervención General de la Comunidad Autónoma, tanto de los contratos menores como de las encomiendas de gestión.
