Consejo de Cuentas de Castilla y León

(Pablo Álvarez)

Los órganos autónomos de la Junta de Castilla y León viven estos días con incertidumbre ante la necesidad de replanteamiento y racionalización exigidas desde el Gobierno y que la Junta pretende analizar esta semana. Jesús Encabo defiende el papel del Consejo de Cuentas que preside con la perspectiva de su utilidad de cara a conseguir un mayor control del gasto público. En un análisis del estado económico de la Comunidad, destaca el buen hacer de estos últimos años en la gestión de los servicios frente a los derroches de otros territorios.

Pregunta.- Recién llegado al Consejo de Cuentas y ya ha introducido cambios en los procedimientos, y se anticipan algunos nuevos de cara a su mandato...

Respuesta.- Lo primero que tuvimos que hacer como consecuencia de la modificación de la ley de septiembre fue ajustar para tres consejeros el conjunto de los trabajos de fiscalización. También hemos avanzado desde el punto de vista de dar una mayor proximidad del Consejo de Cuentas con todas las instituciones, con visitas a los ayuntamientos de más de 15.000 habitantes, todas las diputaciones, rectores... El objetivo es que se nos vea no sólo como una institución fiscalizadora, que lo es, sino como una institución cercana y capaz de colaborar para la mejora de la gestión económica de Castilla y León.

P.- Ahora que está en duda el modelo autonómico y la multiplicación por 17 de determinados órganos que han engordado las estructuras, ¿no podría el Tribunal de Cuentas hacer la labor del Consejo?

R.- En esto creo que hay que ser enormemente objetivo en lugar de llevarse por el apasionamiento. Nohay una duplicidad. El Tribunal de Cuentas ha hecho bastantes menos informes sobre Castilla y León que el Consejo desde su creación. En estos ocho años el tribunal sólo ha realizado tres informes sobre esta Comunidad: uno sobre diputaciones provinciales, otro de un ayuntamiento y el otro sobre el Consorcio Salamanca 2002. La existencia de este órgano de control externo ha supuesto que el Tribunal de Cuentas no haya desarrollado las secciones territoriales porque ya está el consejo y por lo tanto no hay tal duplicidad. Lo que sí hay es una total colaboración entre ambos. Creemos que es necesaria una nueva ley de control externo de ámbito nacional para fijar la cooperación entre ambos. En los países de Europa que marcan el ritmo político tienen sus órganos de control externo repartidos por el territorio. Alemania, que es modelo para muchas cuestiones, tiene uno en cada lánder.

P.- El hecho de que los consejeros procedan del ámbito político pude suponer falta de independencia.

R.- Hay un equilibrio interno. En estos últimos ocho años de andadura, los informes han sido elaborados por los auditores y no han sido del agrado de los entes fiscalizados. Eso pone de manifiesto el buen hacer y la independencia del consejo. En esta línea pido un voto de confianza para que me dejen actuar bajo los principios de imparcialidad, independencia, objetividad y rigor.

P.- En la calle existe la sensación de que los gestores públicos no han utilizado bien el dinero y se piden responsabilidades penales. ¿Cómo se han gestionado los recursos en Castilla y León?

R.- En Castilla y León debemos ir a criterios más generales. Hay casos en los que no ha habido una buena gestión y están en la mente de todos. Pero si hablamos con carácter general, y nos centramos en la institución más importante, la Junta, observamos que gracias a su gestión tenemos unos buenos servicios públicos en relación con otras comunidades. Ahora que se está cuestionando el modelo autonómico hay que hablar de comunidades que no han sido buenas gestoras, y se han dedicado a resaltar el hecho identitario más que a prestar buenos servicios públicos.

P.- ¿Qué diferencia a Castilla y León de otras comunidades?
R.- En Castilla y León tenemos el mejor sistema educativo, de las mejores sanidades y de los mejores servicios sociales. Eso se ha hecho con un endeudamiento contenido y también prescindiendo de gastos que han llevado a otras comunidades a una deuda excesiva. No están para satisfacer egos personales sino dirigidas a prestar unos buenos servicios públicos. Castilla y León no es equiparable a lo que sucede en otras comunidades. Aquí se ha hecho más con menos. Este discurso antiautonomista cae en cierta injusticia cuando se habla del Estado autonómico con criterio global y no distingue que hay comunidades mucho mejor gestionadas que otras. No pongamos en cuestión el estado autonómico sino las políticas de algunas comunidades.

P.-Ha solicitado la comparecencia en las Cortes de Castilla y León. ¿Qué pretende anunciar?

R.- Está prevista para septiembre y allí vamos a exponer nuestro programa de actuaciones para los próximos tres años. Las premisas las expuse ya en mi toma de posesión y son: incidir en la transparencia, conseguir una mayor agilidad en la ejecución de los informes y hacer una serie de propuestas con vistas a reforzar la autoridad del Consejo. Pondré de manifiesto la capacidad de poner multas coercitivas a todos aquellos que no cumplan con sus deberes.

P.- ¿A quién irían dirigidas las sanciones, a quien no presente las cuentas o también a quien cometa irregularidades?

R.-En estos momentos, la ley establece el deber de colaboración. En esa línea, hay entidades que sobre todo son ayuntamientos, que no cumplen con ello. Si bien es cierto que hay una normativa en la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas que fija la posibilidad de sancionar, eso no está desarrollado en el ámbito autonómico. Creemos que junto al deber de colaboración tiene que existir la posibilidad de sancionar a quien no cumpla. Respecto a otras sanciones, ahí está en marcha la Ley de Transparencia y también oíamos la voluntad de la Junta de remitir a las Cortes una nueva Ley de Gobierno Abierto para el próximo semestre, donde se podrían aclarar estas cuestiones.

P.-¿A quién se piden responsabilidades de que no se presenten los informes al Consejo de Cuentas, a los alcaldes o a los secretarios?

R.-En estos momentos nos hemos dirigido a todos los 174 ayuntamientos que no han rendido cuentas desde la creación del Consejo, mediante cartas al alcalde y al secretario. En ellas les ponemos de manifiesto la obligación que tienen y al mismo tiempo les pedimos una propuesta para ponerse al día. También incluyen un cuestionario para conocer las causas del retraso. Queremos conocer bien la situación antes de actuar.