Publicada el lunes 16 de diciembre de 2013

Magdeburgo (Alemania), 16 de diciembre de 2013. El Comité Directivo de la Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector Público (EURORAI), que preside el alemán Ralf Seibicke, acordó en su VIII Congreso, celebrado en Halle, emitir una declaración conjunta a raíz del debate surgido en España por las conclusiones de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.

En opinión de los miembros de Eurorai, “en estos tiempos de recesión económica general y de recortes presupuestarios en los países europeos se hace imprescindible un control externo del sector público fuerte y eficaz, ejercido in situ”. Por ello, los órganos que ejercen este control deben ser regionales, públicos e independientes:

- regionales, porque la cercanía a los entes sobre los que ejercen sus competencias fiscalizadoras permite a las instituciones regionales de control externo el acceso rápido a la información requerida, lo que facilita la elaboración de unos informes actuales que están disponibles a tiempo para poder adoptar medidas oportunas o incluso reconducir situaciones.

- públicas, porque los auditores públicos desempeñan un papel importante, especialmente en tiempos de cambios económicos, al analizar y transmitir datos sobre riesgos, resultados y gestión financiera facilitando de esta manera información fundamental para los gobiernos y parlamentos a fin de poder garantizar unas normas estrictas, un alto nivel de eficiencia y una optimización de recursos.

- independientes, porque la independencia de los auditores públicos respecto del poder ejecutivo y de las entidades fiscalizadas es imprescindible para garantizar que puedan informar a los parlamentos y a los ciudadanos sin correr el riesgo de que su actuación sea restringida por los gobiernos o los entes fiscalizados.

Eurorai, en su calidad de asociación de órganos públicos de control externo con más de 80 miembros procedentes de 16 países europeos, reitera en esta declaración el  pleno compromiso de las instituciones a las que representa con sus respectivos gobiernos y parlamentos a través de su labor fiscalizadora, así como su empeño por alcanzar los mejores niveles de economía y eficiencia en los recursos empleados.