- A 31 de diciembre de 2015 (fecha de cierre a efectos del análisis del informe) rindió la cuenta general de 2014 un total de 3.808 entidades locales, que representan el 79,1% de las existentes

- En el caso de los ayuntamientos, con datos al cierre de cada ejercicio, se pasa de un 86% en 2013 a un 84,4 en 2014, con un ligero descenso de 1,6 puntos porcentuales

- El Consejo entiende que, pese al avance registrado en los últimos años, existe un margen de mejora importante y por ello plantea nueve propuestas a las administraciones competentes en un documento remitido a las Cortes regionales el 19 de mayo

- En conjunto, las entidades locales de la Comunidad en 2014 reconocieron obligaciones por importe de 2.883 millones de euros y derechos por 2.988 millones, lo que arroja un resultado presupuestario agregado (sin ajustes) de 105 millones

El Pleno del Consejo de Cuentas ha celebrado hoy en la Diputación Provincial de Ávila una sesión ordinaria en la que ha aprobado el “Informe anual sobre las cuentas del sector público local de Castilla y León” correspondiente a 2014. Hace dos años el Consejo comenzó a celebrar la aprobación anual de este informe con carácter itinerante por las nueve provincias en sucesivos ejercicios, con el doble objetivo de divulgar en la Comunidad la actividad de la Institución y continuar impulsando el cumplimiento de la obligación legal de la rendición de cuentas por parte de las entidades locales.

El objetivo del trabajo, correspondiente al grupo de fiscalizaciones a realizar por mandato legal, es verificar el cumplimiento por parte de las entidades locales de la obligación de rendir la cuenta general del ejercicio 2014 y comprobar que se ajusta a la normativa respecto a forma y contenido, así como su coherencia interna.

El sector público local de Castilla y León está integrado por 4.815 entidades locales y 111 entes dependientes. A 31 de diciembre de 2015 (fecha de cierre a efectos del análisis del informe) rindió la cuenta general de 2014 un total de 3.808 entidades locales, que representan el 79,1% de las existentes. Por contra, 1.007 (el 20,9%) incumplieron la obligación. De esta cifra 351 son ayuntamientos, de los cuales 10 son de municipios con población superior a los 5.000 habitantes. Si se considera únicamente el plazo máximo legalmente establecido, hasta el 31 de octubre de 2015, rindieron las cuentas 3.193 entidades (66,3%).

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El análisis de la evolución de la rendición de cuentas pone de manifiesto que, a partir de 2006 (año de implantación de la tramitación telemática), se ha producido una mejora muy importante hasta alcanzar en 2013 los niveles más altos de la serie histórica.

Respecto a la última variación interanual, en el caso de los ayuntamientos, con datos al cierre de cada ejercicio, se pasa de un 86% en 2013 a un 84,4 en 2014, con un ligero descenso de 1,6 puntos porcentuales. El retroceso registrado es de mayor alcance en las entidades locales menores que, después del 94,4% logrado en 2013, experimentan una bajada de 17,7 puntos hasta situarse en el 76,7%. Cabe reseñar que el ejercicio 2013 estuvo excepcionalmente condicionado por la influencia de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que establecía ese año la falta de rendición de cuentas como causa de disolución de las ELM.

No obstante, si se observan los datos de rendición a la fecha actual, el porcentaje correspondiente a la cuenta de 2014 se eleva al 91,3% en los ayuntamientos y al 86,6% en las entidades locales menores.

En referencia a los incumplimientos, en el periodo 2005-2014 hay 618 ayuntamientos, el 27,5% del total, que tienen pendiente de rendición las cuentas de varios ejercicios (el año pasado eran 692, el 30,8%) y entre ellos 25 (el año anterior eran 39) que no la han presentado nunca en los últimos 10 años.

Teniendo en cuenta las conclusiones extraídas y puesto que, a pesar del avance registrado en los últimos años, subsiste un margen de mejora importante, mantiene su vigencia buena parte de las recomendaciones incluidas en anteriores informes. En este sentido, el Consejo de Cuentas remitió a las Cortes de Castilla y León el pasado 19 de mayo un documento con nueve propuestas dirigidas a las administraciones competentes -algunas de las medidas requieren cambios normativos-, a fin de seguir estimulando el cumplimiento de la rendición de cuentas (ver anexo).

En relación al montante presupuestario del total de las cuentas rendidas de 2014, se deduce que, en conjunto, las entidades locales de la Comunidad reconocieron obligaciones por importe total de 2.883 millones de euros, y derechos por importe de 2.988 millones, lo que arroja un resultado presupuestario agregado (sin ajustes) de 105 millones.

Los municipios gestionan en torno al 71% del total de los recursos y gastos correspondientes a todas las entidades locales y de este porcentaje aproximadamente la mitad corresponde a las capitales de provincia. Por su parte, las diputaciones reconocieron derechos y obligaciones por importes equivalentes al 25% del total. Otras entidades locales (Comarca, mancomunidades, consorcios y ELM) en conjunto gestionaron el 4% restante.

El informe incorpora este año el análisis de la contratación administrativa de las entidades locales que, de acuerdo con el nuevo marco legal, también tienen la obligación de remitir al Consejo de Cuentas la relación anual de los expedientes formalizados o, en su caso, certificación negativa. Al cierre de 2015, únicamente 280 entes del sector público local (el 5,7% del total) habían remitido la información contractual, con un total de 586 expedientes formalizados. El próximo año el Consejo de Cuentas tiene previsto comenzar a realizar un informe específico sobre esta materia.

Provincia de Ávila

La provincia abulense cuenta con 285 entidades locales, lo que representa el 5,9% del total de la Comunidad. Además de la Diputación, tiene 248 ayuntamientos, 2 ELM, 31 mancomunidades y entidades asociativas y 3 consorcios. Respecto a su estructura poblacional, solo la capital supera los 50.000 habitantes y concentra el 35,3% de un total de 167.015. En el tramo entre 5.000 y 50.000 habitantes hay 4 municipios que suman un 15,3%, distribuyéndose el 49,4% restante en otros 243 municipios.

En relación a sus ayuntamientos, Ávila se ha mantenido estable con un total de 205 cuentas rendidas al cierre del ejercicio, lo que representa el 82,7% del total de los municipios, idéntico porcentaje que el año anterior. No obstante, los datos de rendición a la fecha actual elevan el porcentaje correspondiente a la cuenta de 2014 al 87%. Finalmente, 31 de sus 248 municipios (12,5%) no han rendido la cuenta de cuatro o más ejercicios durante la última década.

En cuanto al montante presupuestario del total de las cuentas rendidas de 2014 a fecha actual, se deduce que, en conjunto, las entidades locales de la provincia de Ávila reconocieron obligaciones por importe total de 413,4 millones de euros, y derechos por importe de 434,9 millones, lo que arroja un resultado presupuestario agregado (sin ajustes) de 21,4 millones.

Anexo | Medidas propuestas por el Consejo de Cuentas para impulsar la rendición de cuentas de las entidades locales de Castilla y León

1.   Regulación íntegra de las multas coercitivas. Se propone modificar la Ley del Consejo de Cuentas estableciendo en ella la cuantía de las multas coercitivas, y regulando la modificación de esas cuantías, en su caso, en las sucesivas leyes de acompañamiento de los presupuestos de la Comunidad.

2.   Condicionamiento de subvenciones a la rendición de la Cuenta General. El Consejo propone promover las reformas normativas oportunas para condicionar el pago de ayudas y subvenciones públicas, a la efectiva rendición de la Cuenta General, medida que ya ha sido adoptada por otras comunidades autónomas con resultados evidentes, así como por la Administración del Estado, con finalidad similar y efectos muy positivos.

3.   Retención de determinados ingresos a las entidades locales que no rinden cuentas. Se propone la modificación de la Ley reguladora del Consejo de Cuentas, así como un desarrollo posterior por la normativa de la Comunidad para hacer efectivas tales retenciones.

4.   Introducción de procedimientos estandarizados. El Consejo propone quelas propias entidades locales dicten, con el apoyo de las diputaciones y del Consejo Comarcal del Bierzo, normas que regulen los procedimientos administrativos a seguir para garantizar el adecuado registro en el sistema de información contable de todas las operaciones con la menor demora posible.

5.   Formación específica en materia económico-presupuestaria. Se propone que las diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo coordinen y/o impartan acciones formativas que ayuden a los funcionarios a registrar adecuadamente todas las operaciones de naturaleza presupuestaria, económica, financiera y patrimonial.

6.   Reforzamiento de la asistencia jurídica y económica. Se propone que las diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo, prioricen la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica, conforme a lo establecido por la Ley de Bases del Régimen Local.

7.   Formación a los miembros de las Corporaciones Locales. Se propone que las diputaciones provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo desarrollen acciones de concienciación y formación, entre todos los miembros de las corporaciones locales, orientadas a sensibilizar a dichos cargos electos en el puntual cumplimiento de la rendición de cuentas.

8.   Reforzamiento de plantilla de los Servicios de Asistencia. Se propone que las diputaciones y el Consejo Comarcal, planifiquen adecuadamente tanto la dimensión de sus plantillas, como su propia organización, para poder apoyar de forma rápida y eficaz a las entidades locales en los procesos materiales de rendición telemática de cuentas.

9.   Mejora en la cobertura de los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional (FHN). Se propone que diputaciones, Consejo Comarcal del Bierzo y ayuntamientos adopten medidas para evitar determinadas situaciones como la falta prolongada de cobertura de los puestos de trabajo reservados a FHN.El Consejo de Cuentas también propone que la Comunidad Autónoma revise las actuales agrupaciones existentes para el sostenimiento en común del puesto de trabajo de Secretaría, adaptándolas con criterios racionales y objetivos a la carga de trabajo. Además, se plantea que la autorización de acumulaciones de FHN se limite al máximo respecto a otras formas de provisión que, aunque de carácter igualmente temporal, resultan más acordes con la naturaleza de las ausencias o vacantes que se pretenden cubrir.