Consejo de Cuentas de Castilla y León

(G. Arce) La principal misión de Jesús Encabo Ferry al frente del Consejo de Cuentas es fiscalizar cada ejercicio los cerca de 21.000 millones de euros de gasto global que genera el conjunto del sector público autonómico de Castilla y León, una tarea ingente, concienzuda y de vital importancia para la salud financiera regional. Pese a ello, reconoce el nuevo presidente de este organismo, en muchas ocasiones su trabajo pasa totalmente desapercibido para el conjunto de una ciudadanía que cada día exige más transparencia y eficiencia en la gestión de los dineros públicos.

¿Cómo se ha encontrado las cuentas que fiscalizan? El Consejo de Cuentas es un organismo que funcionaba muy bien porque cuenta con una plantilla de funcionarios excepcionalmente cualificada. Creo que la mera existencia del Consejo de Cuentas y su capacidad de fiscalización estimula a que se gestione mejor. Los nuevos tiempos están presididos por los principios de transparencia, proximidad y eficiencia, objetivos que tienen que estar presentes en toda la gestión pública.

¿Cómo actúa de oficio el Consejo? Contamos con una serie de auditores públicos que trabajan sobre un plan anual de fiscalización, aprobado por las Cortes Regionales. En él son obligatorias las cuentas anuales de la Comunidad, del Fondo de Compensación Interterritorial, de las contrataciones y del sector público local, es decir, el conjunto de todas las entidades locales que tienen que rendir cuentas: casi 4.800 en Castilla y León, entre ayuntamientos, entidades locales menores, consorcios, mancomunidades, un consejo comarcal y las empresas públicas. Cada departamento elabora, en función de la documentación reclamada y de nuestra visita a la entidad
fiscalizada, un informe provisional primero y otro definitivo, que se remite a las Cortes y se cuelga en la web del Consejo. En todo informe hay un análisis de las cuentas, unas conclusiones sobre los aspectos más discutibles, unas recomendaciones y una opinión favorable o no en función de que cumpla o no la legalidad.

¿Cuáles son las irregularidadesmás comunes en sus inspecciones? Con frecuencia, en el ámbito de la contratación, las administraciones no comunican los contratos que formalizan, también se abusa del procedimiento negociado o no se determinan claramente los criterios de valoración en las adjudicaciones. En la rendición de cuentas, es recurrente el no depurar los saldos de dudoso cobro arrastrados durante años...

¿Cuándo terminarán de auditarse las cuentas públicas presentadas del ejercicio 2010? La fecha de finalización de presentación de cuentas es el 30 de abril. No obstante, el plazo legal terminó en octubre y los que han presentado cuentas desde entonces lo han hecho fuera de plazo, lo que no obsta para que se considere como cuenta presentada. Recibidos todos los datos, hacemos un seguimiento del histórico de cuentas desde 2004 y analizamos su evolución. En su día se creó la plataforma telemática de rendición de cuentas para evitar la duplicidad de trámites ante el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Cuentas. Matizo que el análisis de las cuentas rendidas no se hace de una manera exhaustiva, sino que en losmunicipios de menos de 1.000 habitantes se realiza mediante un muestreo para comprobar su exactitud. No obstante, la plataforma informática nos alerta de las posibles contradicciones de carácter numérico que se produzcan en la documentación que se nos presenta.

¿Tienen capacidad sancionadora o correctora?
No. Quien tiene capacidad
sancionadora es el Tribunal de
Cuentas, aunque cabe que el
Consejo inste ante este Tribunal
a que sancione a un ayuntamiento
por la no rendición de cuentas.
En Castilla y León no ha ocurrido
nunca... Es más, queremos
hacer una labor de concienciación
a todas las entidades locales
exhortándolas al cumplimiento
de estas obligaciones. Creo que
el grado de concienciación en este
sentido va en aumento y el criterio
de transparencia va invadiendo
todo el ámbito público.
La inmensamayoría de los gestores
públicos son cada vezmás
conscientes de que tienen que
obrar desde la transparencia y
eludiendo cualquier opacidad.
Es difícil fiscalizar cuentas
de 4.800 entidades y, en el caso
de Burgos, de 371 municipios.
¿No sería conveniente unificar
balances en aras a la eficacia?
Desde otros ámbitos se debe
plantear si este mapa local es el
que debe ser. Pero ese es otro debate
político. En estos momentos,
cada cual tiene sus responsabilidades
y un gestor público
debe obrar con absoluta transparencia
y dentro de la legalidad,
siendo indiferente de si se trata
de una entidad local menor o del
Ayuntamiento de Burgos. Todos
tienen que cumplir. Otra cuestión
es si en estos momentos se
deben mantener tantos municipios,
algo en lo que no entra el
Consejo de Cuentas.
¿Cómo prevén los ejercicios
de 2011 y 2012,muymarcados
por los recortes y problemas financieros?
En estos momentos es evidente
que hay un problema serio
de financiación en las comunidades
autónomas y en los ayuntamientos.
Hay un clamor por
parte de las distintas instituciones
de que es necesaria una financiación
autonómica estable y
una financiación local acorde
con las necesidades y los servicios
que se prestan en este ámbito.
Hay que ser conscientes de
que España tiene un estado autonómico
que ha sido un éxito
-solo hay que ver cómo ha mejorado
la calidad de vida en estos
últimos 30 años-, aunque en el
ámbito local su participación en
el conjunto del gasto público no
supera el 12% cuando es la administraciónmás
cercana y sigue
prestando importantísimos servicios
de primera necesidad.Hay
que clarificar las competencias,
vincular la financiación a las
competencias, reordenar el mapa
competencial para evitar duplicidades
y que, aquel que tenga
atribuida la competencia, tenga
una financiación suficiente. Si se
habla de reordenación del Estado,
esto toca a las tres grandes patas
(estatal, autonómica y local) y
si existen duplicidades e incluso
triplicidadesnoes solo por las comunidades
autónomas.
Ya hemos visto a un ex primerministro
islandés rindiendo
cuentas de la crisis ante los
tribunales de justicia. ¿Llegaremos
aquí a eso?
Creo que en el ámbito de las
responsabilidades está todo bien
delimitado. Hay un ámbito penal,
basado en el Código Penal;
está el ámbito de la responsabilidad
contable, cuando no se cumplen
los trámites de forma adecuada
sin incurrir en la responsabilidad
penal; y hay un ámbito
de la gestión ineficaz de los recursos
públicos, que es en la etapa
que estamos. El ciudadano
quiere una administración eficiente,
y le da igual que sea un
ayuntamiento, una comunidad
autónoma o el Gobierno de España.
Ese deseo de eficiencia está
muy vinculado a la reordenación
de competencias para evitar
duplicidades y está claro que la
unión permitiría una administraciónmás
eficiente en todos los
ámbitos.
¿Castilla y León corre riesgo
de ser intervenida por el Gobierno
si incumple los objetivos de
déficit?
Nuestra Comunidad es un
ejemplo de gestión austera y eficiente.
Remarco también que es
una de las comunidades autónomas
menos endeudadas en relación
al PIB, aunque el 8-9% actual
es una cantidad importante
y no desdeñable, pero asumible.
Es lógico que el Gobierno de España
aplique el límite del 1,5%
de deuda a las autonomías porque
es una cuestión de responsabilidad
de todos cumplir con
lo que nos hemos comprometido
con Europa.
¿No cree usted que una figura
como la suya, garante del
buen hacer en la cosa pública,
debería ser más escuchada y
protagonista en Castilla y León?
El ciudadano tiene sed de conocer
todo lo que sucede en el interior
de las instituciones y nosotros
podemos ser un colaborador
para dar transparencia a las instituciones.
En este sentido, vamos
a redoblar esfuerzos para facilitar
la comprensión de todos
los informes de fiscalización a los
ciudadanos: queremos que nuestro
trabajo se pueda visualizar
por cualquier persona con independencia
de su especialización
y conocimientos.

La principal misión de Jesús
Encabo Ferry al frente del
Consejo de Cuentas es fiscalizar
cada ejercicio los cerca de 21.000
millones de euros de gasto global
que genera el conjunto del sector
público autonómico de Castilla y
León, una tarea ingente, concienzuda
y de vital importancia para
la salud financiera regional. Pese
a ello, reconoce el nuevo presidente
de este organismo, en muchas
ocasiones su trabajo pasa
totalmente desapercibido para el
conjunto de una ciudadanía que
cada día exige más transparencia
y eficiencia en la gestión de los
dineros públicos.
¿Cómo se ha encontrado las
cuentas que fiscalizan?
El Consejo de Cuentas es un
organismo que funcionaba muy
bien porque cuenta con una
plantilla de funcionarios excepcionalmente
cualificada. Creo
que lamera existencia del Consejo
de Cuentas y su capacidad
de fiscalización estimula a que se
gestione mejor. Los nuevos tiempos
están presididos por los principios
de transparencia, proximidad
y eficiencia, objetivos que
tienen que estar presentes en toda
la gestión pública.
¿Cómo actúa de oficio el
Consejo?
Contamos con una serie de
auditores públicos que trabajan
sobre un plan anual de fiscalización,
aprobado por las Cortes Regionales.
En él son obligatorias
las cuentas anuales de la Comunidad,
del Fondo de Compensación
Interterritorial, de las contrataciones
y del sector público
local, es decir, el conjunto de todas
las entidades locales que tienen
que rendir cuentas: casi
4.800 en Castilla y León, entre
ayuntamientos, entidades localesmenores,
consorcios, mancomunidades,
un consejo comarcal
y las empresas públicas. Cada
departamento elabora, en función
de la documentación reclamada
y de nuestra visita a la entidad
fiscalizada, un informe provisional
primero y otro definitivo,
que se remite a las Cortes y se
cuelga en la web del Consejo. En
todo informe hay un análisis de
las cuentas, unas conclusiones
sobre los aspectos más discutibles,
unas recomendaciones y
una opinión favorable o no en
funcióndequecumplaono la legalidad.
¿Cuáles son las irregularidadesmás
comunes en sus inspecciones?
Con frecuencia, en el ámbito
de la contratación, las administraciones
no comunican los contratos
que formalizan, también
se abusa del procedimiento negociado
o no se determinan claramente
los criterios de valoración
en las adjudicaciones. En la
rendición de cuentas, es recurrente
el no depurar los saldos de
dudoso cobro arrastrados durante
años...
¿Cuándo terminarán de auditarse
las cuentas públicas presentadas
del ejercicio 2010?
La fecha de finalización de
presentación de cuentas es el 30
de abril.No obstante, el plazo legal
terminó en octubre y los que
han presentado cuentas desde
entonces lo han hecho fuera de
plazo, lo que no obsta para que
se considere como cuenta presentada.
Recibidos todos los datos,
hacemos un seguimiento del
histórico de cuentas desde 2004
y analizamos su evolución. En su
día se creó la plataforma telemática
de rendición de cuentas para
evitar la duplicidad de trámites
ante el Tribunal de Cuentas y el
Consejo de Cuentas.Matizo que
el análisis de las cuentas rendidas
no se hace de una manera exhaustiva,
sino que en losmunicipios
de menos de 1.000 habitantes
se realiza mediante un
muestreo para comprobar su
exactitud. No obstante, la plataforma
informática nos alerta de
las posibles contradicciones de
carácter numérico que se produzcan
en la documentación que
se nos presenta.
¿Tienen capacidad sancionadora
o correctora?
No. Quien tiene capacidad
sancionadora es el Tribunal de
Cuentas, aunque cabe que el
Consejo inste ante este Tribunal
a que sancione a un ayuntamiento
por la no rendición de cuentas.
En Castilla y León no ha ocurrido
nunca... Es más, queremos
hacer una labor de concienciación
a todas las entidades locales
exhortándolas al cumplimiento
de estas obligaciones. Creo que
el grado de concienciación en este
sentido va en aumento y el criterio
de transparencia va invadiendo
todo el ámbito público.
La inmensamayoría de los gestores
públicos son cada vezmás
conscientes de que tienen que
obrar desde la transparencia y
eludiendo cualquier opacidad.
Es difícil fiscalizar cuentas
de 4.800 entidades y, en el caso
de Burgos, de 371 municipios.
¿No sería conveniente unificar
balances en aras a la eficacia?
Desde otros ámbitos se debe
plantear si este mapa local es el
que debe ser. Pero ese es otro debate
político. En estos momentos,
cada cual tiene sus responsabilidades
y un gestor público
debe obrar con absoluta transparencia
y dentro de la legalidad,
siendo indiferente de si se trata
de una entidad local menor o del
Ayuntamiento de Burgos. Todos
tienen que cumplir. Otra cuestión
es si en estos momentos se
deben mantener tantos municipios,
algo en lo que no entra el
Consejo de Cuentas.
¿Cómo prevén los ejercicios
de 2011 y 2012,muymarcados
por los recortes y problemas financieros?
En estos momentos es evidente
que hay un problema serio
de financiación en las comunidades
autónomas y en los ayuntamientos.
Hay un clamor por
parte de las distintas instituciones
de que es necesaria una financiación
autonómica estable y
una financiación local acorde
con las necesidades y los servicios
que se prestan en este ámbito.
Hay que ser conscientes de
que España tiene un estado autonómico
que ha sido un éxito
-solo hay que ver cómo ha mejorado
la calidad de vida en estos
últimos 30 años-, aunque en el
ámbito local su participación en
el conjunto del gasto público no
supera el 12% cuando es la administraciónmás
cercana y sigue
prestando importantísimos servicios
de primera necesidad.Hay
que clarificar las competencias,
vincular la financiación a las
competencias, reordenar el mapa
competencial para evitar duplicidades
y que, aquel que tenga
atribuida la competencia, tenga
una financiación suficiente. Si se
habla de reordenación del Estado,
esto toca a las tres grandes patas
(estatal, autonómica y local) y
si existen duplicidades e incluso
triplicidadesnoes solo por las comunidades
autónomas.
Ya hemos visto a un ex primerministro
islandés rindiendo
cuentas de la crisis ante los
tribunales de justicia. ¿Llegaremos
aquí a eso?
Creo que en el ámbito de las
responsabilidades está todo bien
delimitado. Hay un ámbito penal,
basado en el Código Penal;
está el ámbito de la responsabilidad
contable, cuando no se cumplen
los trámites de forma adecuada
sin incurrir en la responsabilidad
penal; y hay un ámbito
de la gestión ineficaz de los recursos
públicos, que es en la etapa
que estamos. El ciudadano
quiere una administración eficiente,
y le da igual que sea un
ayuntamiento, una comunidad
autónoma o el Gobierno de España.
Ese deseo de eficiencia está
muy vinculado a la reordenación
de competencias para evitar
duplicidades y está claro que la
unión permitiría una administraciónmás
eficiente en todos los
ámbitos.
¿Castilla y León corre riesgo
de ser intervenida por el Gobierno
si incumple los objetivos de
déficit?
Nuestra Comunidad es un
ejemplo de gestión austera y eficiente.
Remarco también que es
una de las comunidades autónomas
menos endeudadas en relación
al PIB, aunque el 8-9% actual

es una cantidad importante
y no desdeñable, pero asumible.
Es lógico que el Gobierno de España
aplique el límite del 1,5%
de deuda a las autonomías porque
es una cuestión de responsabilidad
de todos cumplir con
lo que nos hemos comprometido
con Europa.
¿No cree usted que una figura
como la suya, garante del

buen hacer en la cosa pública,
debería ser más escuchada y
protagonista en Castilla y León?
El ciudadano tiene sed de conocer
todo lo que sucede en el interior
de las instituciones y nosotros
podemos ser un colaborador
para dar transparencia a las instituciones.
En este sentido, vamos

a redoblar esfuerzos para facilitar
la comprensión de todos
los informes de fiscalización a los
ciudadanos: queremos que nuestro
trabajo se pueda visualizar
por cualquier persona con independencia
de su especialización
y conocimientos.