Consejo de Cuentas de Castilla y León

Rafael Daniel. VALLADOLID.

El soriano Jesús Encabo asume desde hace unos días la presidencia del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Pese a su larga trayectoria como parlamentario del PP, garantiza la “imparcialidad e independencia”del órgano fiscalizador y se marca como objetivo lograr una mayor agilización y accesibilidad a sus informes para lograr una auténtica transparencia en la gestión de los recursos públicos que “en las circunstancias actuales reclama toda la sociedad”.

¿Es necesario un Consejo de Cuentas en Castilla y León?
Rotundamente sí. En estos momentos, tenemos encomendada la fiscalización de más de 21.000 millones de euros, mientras nuestro presupuesto es de 5,8millones. Ejercemos un control de calidad con un coste del 0,02 del total de los recursos que controlamos. La Ley del Tribunal de Cuentas preveía además la creación de secciones territoriales y se necesitarían medios humanos. El Consejo ha impulsado la mejora económica y financiera en el ámbito de la Comunidad. Creo que es algo no sólo necesario sino imprescindible.

El descontrol en el gasto, fundamentalmente a nivelmunicipal, ha sido norma estos años. ¿Qué se puede hacer desde el Consejo para que no se repita la situación?
Primero hay que aclarar que ha habido gestores buenos, malos y regulares. Pero hay que decir que el endeudamiento de las corporaciones locales no es comparable con el del Estado o el de las comunidades y además tenemos que ser conscientes de que la gestión local es complicada y difícil, y lo digo en reconocimiento de los pequeños municipios con alcaldes que tienen que estar resolviendo diariamente demandas reales de los ciudadanos. Todos estamos hablando de que hay que replantearse muchas cosas pero una fundamental es la financiación local, que hay que vincular a las competencias.

¿Teme que su procedencia política siembre dudas sobre la independencia de los dictámenes del Consejo?
En mi toma de posesión dejé claro mi compromiso con la independencia y la imparcialidad. Soy consciente de que tengo una procedencia política clara (PP) y pido un voto de confianza. Pero hay algo fundamental. Estamos hablando de un plantel de funcionarios tremendamente cualificados, como he tenido ocasión de comprobar estos días, de una competencia encomiable. Hay que recordar que venimos de una etapa en la que había consejeros con distintas procedencias políticas y ha habido muchísimos informes en los que se han puesto de manifiesto deficiencias en la gestión de algunas entidades. Esa es la prueba palmaria de la independencia con la que ha obrado el Consejo durante estos años, algo que va a seguir haciendo.

La Ley de Transparencia castigará la administración irregular de los fondos públicos.¿Cree que eso puede condicionar la actuación del Consejo?
Es algo a lo que tenemos que habituarnos todos, eso parte de una demanda que existe de la sociedad. Todos los ciudadanos desean que exista esa auténtica transparencia en la gestión del dinero público. En las circunstancias actuales los ciudadanos quieren conocer cómo se gasta el dinero y no sólo si se ha sido eficaz sino también se ha sido eficiente. Por eso, en el Consejo tenemos que agilizar los informes con vistas a que se conozca lo antes posible cómo se ha gestionado el dinero público.

Entonces ¿cómo deben ver los ayuntamientos al Consejo de Cuentas como un enemigo o como un aliado?
El Consejo puede ayudar de una manera muy firme en mejorar la gestión económica y las entidades locales deben vernos como un agente colaborador. En Castilla y León estamos hablando de 4.800 entidades locales. Somos conscientes de que pueden tener dificultades en la rendición de cuentas, algo que debemos estimular para lograr la transparencia que piden los ciudadanos.

Se ha comprometido a agilizar los plazos. ¿Cómo lo hará?
Debemos cambiar el enfoque de algunos informes, concretarlos más para acortar los plazos y que aquello que desean conocer los ciudadanos se lo facilitemos cuanto antes. Eso requiere establecer unos plazos en la fiscalización muy tabulados para conseguir en un periodo breve rendir estos informes en las Cortes. Ahora, son excesivamente ambiciosos y cuando concluyen han perdido la vigencia.

¿Y eso lo van a hacer con menos consejeros?
Ya hemos hecho la redistribución de los departamentos entre los tres consejeros. He de decir que somos uno de los Consejos de España que menos miembros tiene, una prueba evidente de sobriedad y austeridad. Vamos a aplicar las 37,5 horas aunque no tenemos obligación directa. No tenemos que dar la sensación de considerarnos unos empleados públicos que estamos aparte. Además vamos a facilitar la compresión de los informes de fiscalización a los ciudadanos. En la página web va a estar el informe completo y al mismo tiempo un extracto que en términos inteligibles va a ser más asequible, pero absolutamente veraz. Se le va a dar un estilo coloquial pero supervisado por un responsable de fiscalización. Eso permitirá que cualquier vecino de un pueblo pueda entender cómo se han gastado sus impuestos.