El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Pedro Martín Fernández, ha participado esta tarde como ponente inaugural en las Jornadas sobre Técnicas de Gestión, Financiación y Fiscalización del Sector Público que se celebran en la Universidad de Burgos y que cuentan con la presencia de distintos expertos en la materia.

En su intervención, el presidente de la entidad fiscalizadora ha recordado aquellos primeros años en los que la fiscalización del gasto público aún estaba por desarrollar en la Comunidad y ha hecho historia de esta joven institución.

Pedro Martín se ha referido al Consejo de Cuentas como “un ente fiscalizador moderno que desde sus comienzos ha pretendido incorporarse a las nuevas formas de actuar exigidas hoy por los ciudadanos a las administraciones públicas, contribuyendo así a la valoración social de la gestión pública e impulsando los valores éticos que deben caracterizarla, valores tales como la transparencia o la responsabilidad”.

En este sentido, y ante la repercusión mediática que han tenido los últimos informes emitidos por la institución, el presidente del Consejo de Cuentas ha señalado que “a pesar de que algunas instituciones públicas puedan eventualmente no entender este objetivo básico de los trabajos del Consejo, es misión prioritaria detectar, subrayar y hacer especial hincapié en las carencias o en los defectos de la gestión de los entes públicos con el único fin de aportar los criterios adecuados para mejorarla. Guste o no guste, esta es la misión para la que fue creado el Consejo de Cuentas y en su consecución será muy importante preservar la autonomía e independencia de este órgano”.

El Consejo de Cuentas es un órgano técnico que depende de las Cortes de Castilla y León, pero que actúa de forma independiente. Se constituyó en febrero de 2003 y desde el pasado mes de octubre forma parte de la recientemente constituida Conferencia de Presidentes de los Órganos Autonómicos de Control Externo que en su primer encuentro, Pamplona 19 y 20 de octubre, consensuó la llamada “Declaración de Pamplona”, un documento sobre la situación y los retos del control de los fondos públicos que pretende unificar criterios en relación con aquellas cuestiones que afectan a la fiscalización de las administraciones autonómicas y locales.