Consejo de Cuentas de Castilla y León

La Jornada "Transparencia y rendición de cuentas", organizada por el Consejo de Cuentas y la Secretaría General de apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad, ha sido inaugurada en Segovia por la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, quien ha subrayado que la transparencia en la gestión pública es una práctica inherente a la salud democrática de nuestras instituciones y, en consecuencia, las administraciones satisfacen con la rendición de cuentas el derecho de los ciudadanos a conocer como se ha gestionado el dinero de sus impuestos. Asimismo, ha incidido en el carácter transversal de la transparencia,  destacando el nuevo marco normativo nacional y autonómico, con la creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y en Castilla y León con la puesta en marcha del Comisionado de Transparencia, cuyas funciones han sido atribuidas al Procurador del Común.

En la ponencia “La transparencia como deber y derecho”, Petra Fernández, vocal asesora del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y directora de Gabinete de la Presidenta, ha señalado que en España la transparencia ha tardado 40 años en llegar desde la instauración de la democracia, cuando los países de nuestro entorno llevan una media de 10 o 15 años, si bien Suecia dispone de leyes sobre transparencia desde hace 250 años. Aunque "queda mucho camino por recorrer", ha reconocido, en estos momentos hay 13 Comunidades Autónomas con leyes de transparencia y 12 organismos independientes garantizando el cumplimiento de la ley. Asimismo ha puesto de manifiesto que en la actualidad hay 12 grandes municipios que tienen aprobadas o en fase de aprobación ordenanzas de transparencia. "A más transparencia más y mejor democracia", ha afirmado.

A continuación tuvo lugar la ponencia “La rendición de cuentas: estado actual y medidas acordadas por los órganos de control externo para estimular su rendición”, impartida conjuntamente por María José de la Fuente y por Emilio Melero. La consejera titular del Departamento de Entidades Locales del Tribunal de Cuentas, ha enfatizado que la rendición de cuentas por las entidades locales y su cumplimiento en plazo constituye, no solo una obligación legal, sino también un deber democrático básico para garantizar la transparencia en la gestión de la actividad económico-financiera. En consecuencia, concluyó haciendo un llamamiento a la aplicación de las medidas legislativas existentes, advirtiendo del efecto pernicioso que sobre la rendición puede tener su no observancia.

Por su parte Emilio Melero, consejero del Consejo de Cuentas y responsable del Departamento de Local se ha referido a los datos de rendición de cuentas del ejercicio 2015, significando que a fecha de 31 de diciembre de 2016, habían rendido sus cuentas el 80% de los ayuntamientos. También ha aludido al trabajo que ha desplegado el Consejo de Cuentas para incrementar los índices de rendición de cuentas, subrayando que se ha evolucionado de una manera muy favorable, si bien no se ha llegado a los niveles que serían deseables. Por último, se ha referido al convenio suscrito entre el Tribunal de Cuentas y los OCEX para estimular la rendición de cuentas de las entidades locales, que constituye un compendio de las experiencias tenidas en el seno del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

En la tercera ponencia, “La relevancia de las diputaciones en el asesoramiento a los municipios” que ha sido desarrollada por Ana María Quijada, secretaria Interventora del Servicio de Asesoramiento a Municipios de la Diputación de Segovia, se ha incidido en la importancia que tienen las diputaciones provinciales, habida cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en la normativa han de garantizar en los municipios de 1.000 habitantes  la prestación de los servicios de secretaría e intervención, al ser estas funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales.

Santiago Martín, director de Fiscalización del Consejo de Cuentas, ha hablado de “La rendición de cuentas: funciones del Consejo de Cuentas”, poniendo de manifiesto que la función fiscalizadora de la institución está encuadrada dentro del Plan Anual de Fiscalizaciones y que su función consultiva se limita a los anteproyectos de carácter presupuestario o de contabilidad pública cuando lo solicite la Junta de Castilla y León a través de las Cortes. También ha indicado las otras funciones que tiene atribuidas como la evaluación, informe y comunicación de los indicios de responsabilidad contable y, en su caso, la tramitación de las denuncias que se presenten.

En la siguiente ponencia, “La función del Consejo de Cuentas para la rendición en el marco del sector público local”, María de los Ángeles Lobera, subdirectora de Fiscalización del Consejo de Cuentas ha expuesto las singularidades del sector público local y las múltiples actuaciones que se realizan para impulsar la rendición de cuentas. Así, en el presente año, hasta la fecha se han enviado 8.000 correos electrónicos y cerca de 4.000 escritos. En plazo legal, el año con el porcentaje más elevado en rendición de cuentas referido a ayuntamientos ha sido 2013 con el 76,5%, mientras que el acumulado supera el 90% desde el año 2011. Ha concluido advirtiendo que “cuando no se cumple con la obligación de rendir cuentas es un síntoma de la mala gestión presupuestaria”.

A continuación se ha abordado la última mesa de la jornada denominada “Otras informaciones que han de remitir las entidades locales”. La primera de ellas ha estado referida a “La información acerca de los acuerdos tomados en contra de los reparos del artículo 218.3 del Texto Refundido dela Ley Reguladora de las Haciendas Locales”, desarrollada por Rafael Pou, subdirector técnico del Departamento de Entidades Locales del Tribunal de Cuentas. En su intervención ha aportado datos referidos al ejercicio 2016 sobre los acuerdos contrarios a reparos, de los cuales, según la modalidad de gasto, los expedientes de contratación representan el 52% y los gastos de personal el 17%. La obligación de remitir los acuerdos contrarios a reparos se cumple por el 61% de los ayuntamientos y por el 84% de las diputaciones provinciales.

Ha concluido la jornada con la intervención de Miguel Ángel Jiménez, consejero del Consejo de Cuentas de Castilla y León, en cuya ponencia, “Información a remitir por las entidades locales en el ámbito de la contratación pública a los OCEX” ha puesto de manifiesto que esta obligación es una herramienta fundamental en la gestión de los fondos públicos y un acto esencial para el ejercicio de la función fiscalizadora encomendada al Consejo de Cuentas. Ha recordado la obligación de remitir la información dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, siempre que supere las cuantías de 600.000 euros si es de obras, de 450.000 euros si es de suministros y de 150.000 euros si es de servicios. También se ha referido a la obligación de remitir anualmente dentro de los dos primeros meses del ejercicio, la relación de contratos formalizados en el ejercicio anterior, con exclusión de los menores y ha insistido en la obligación de remitir la certificación negativa si no se hubieran formalizado contratos en el ejercicio.

Finalmente, el presidente del Consejo de Cuentas Jesús Encabo, antes de dar por clausurada la jornada, ha recordado que el plazo legal para la presentación de las cuentas de 2016 finaliza el próximo 31 de octubre. "Les pido encarecidamente que se pongan manos a la obra si aún no lo han hecho y de ese modo cumpliremos todos con ese deber de transparencia que todas las administraciones públicas hemos de observar, y permitirá a todos los ciudadanos ejercer el derecho que implica la transparencia, en el sentido de conocer el destino de todos los recursos públicos", señaló.