En su toma de posesión como presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia se ha marcado como principales objetivos y retos en este nuevo mandato “profundizar aún más en el principio de transparencia, un mayor acercamiento y proximidad a la sociedad, insistir en una mayor agilidad en la emisión, publicación y divulgación de los informes, un compromiso de carácter formativo y divulgativo de la Institución, y, finalmente, reforzar su auctoritas, entendida como seguir mejorando resultados en la rendición de cuentas y en el seguimiento de las observaciones y recomendaciones”.

Las Cortes de Castilla y León han acogido el acto de toma de posesión de Amilivia y del presidente del Consultivo, Agustín S. de Vega, al que ha asistido una nutrida representación institucional y política del Parlamento autonómico y del Ejecutivo regional, así como  también sindical, empresarial y social. Asistieron el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el presidente en funciones del Parlamento autonómico, Ramiro Ruiz Medrano, los secretarios de la Mesa Óscar Reguera y Carlos Chávez, y consejeros de Cuentas y el Consultivo, además del Procurador del Común, entre otras autoridades. En representación del Tribunal de Cuentas, asistieron su presidenta, María José de la Fuente de la Calle, y Ramón Álvarez de Miranda, consejero del departamento de Entidades Locales, entre otros. Han asistido también

La sala se quedó pequeña ante el número de asistentes varios presidentes de los órganos de control externo autonómicos.

Amilivia ha reivindicado en su discurso el trabajo de las instituciones de autogobierno de Castilla y León como el Consejo de Cuentas, órgano de control externo, dependiente de las Cortes, al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad, “equivalente, por lo tanto, al Tribunal de Cuentas, con el que no existe solapamiento, sino auténtica complementariedad, y con el que se trabaja con una colaboración expresa y ejemplar”. En esta línea, abogó por impulsar aún más las relaciones con el Tribunal de Cuentas, así como el intercambio de información entre los órganos de control externo (OCEx).

Amilivia destacó la independencia y especialización de los órganos de control externo “como garantía del correcto funcionamiento de Estado” y subrayó que a nivel institucional sólo su “diseño descentralizado” permite “cumplir con la exigencia de una buena administración”.

En el objetivo de refuerzo de la independencia y garantizar la autonomía funcional del Consejo de Cuentas, abogó por la “necesaria reforma” de la Ley por la que se modificó la organización y funcionamiento de las Instituciones Propias. Amilivia aseguró que debe ser el Pleno del Consejo de Cuentas, como ocurre en el resto de los órganos de control externo del país, quien apruebe su Plan de Fiscalización anual, “libremente, al margen de cualquier tipo de instrucción o de influencia por parte del poder legislativo o de la Administración, sin perjuicio de que las Cortes, en el ejercicio de sus competencias, puedan instar al Consejo la realización de las fiscalizaciones que consideren oportunas”. Y en este sentido, reivindicó que el personal del Consejo “vocacional, comprometido y altamente cualificado, disfrute de las mejores condiciones profesionales sin incertidumbres, que no son coherentes con la naturaleza y finalidad de un órgano de control externo".

La presidenta del Tribunal de Cuentas junto a los presidentes

Abogó también por un “mejor aprovechamiento” de los informes elaborados por el Consejo de Cuentas y, especialmente, porque su contenido llegue a los ciudadanos, “sus verdaderos destinatarios”, para lo que “deberemos profundizar en las nuevas tecnologías” y contar con “la labor seria, profesional, independiente e insustituible de los medios de comunicación”. El refuerzo de las fiscalizaciones operativas será, en este sentido, uno de los retos a poner en marcha, “determinar si se cumplen las expectativas de los ciudadanos en materias como la protección de los servicios públicos esenciales en un territorio extenso, despoblado y envejecido; en definitiva, establecer si con los medios empleados se consiguen los objetivos pretendidos en las políticas concretas”. También señaló su propósito de impulsar la realización de auditorías de sistemas informáticos “para propiciar una dotación de medios tecnológicos adecuada”, así como continuar con las fiscalizaciones medioambientales.

Valoró como “muy importante” la labor formativa “dirigida principalmente a las entidades locales, bien en solitario o con otras instituciones propias, sobre aspectos relacionados con el establecimiento de buenas prácticas y el incremento de las relaciones del Consejo con las Universidades de Castilla y León, lo que podrá favorecer, sin duda alguna, la transmisión recíproca del conocimiento”.

Consideró “necesario” “unir lo más posible la aprobación de los informes de fiscalización a la gestión objeto de los mismos”, así como que “una vez aprobados y remitidos a las Cortes, su consiguiente tramitación y debate” se lleve a cabo “en el plazo más corto posible”. “Me consta –apuntó- la existencia de una serie de comparecencias pendientes sobre los informes de fiscalización aprobados como consecuencia inevitable de la situación excepcional de transitoriedad que ha vivido el Consejo de Cuentas”, por ello, tras señalar que no existe en el Reglamento del Parlamento autonómico una regulación expresa sobre procedimiento y plazos para dichas comparecencias, reivindicó una “regulación específica” al respecto. No obstante, anunció que, “en la medida que el calendario lo permita”, solicitará las “comparecencias aplazadas”, “tanto la que se refiere al Plan Anual de Fiscalización de 2019, como las referentes a los informes de fiscalización pendientes de comparecencia”.

Subrayó Mario Amilivia la mejora de la rendición de cuentas, especialmente de las entidades locales, durante el anterior mandato, con una “relevante” evolución del 37% en el año 2013 a en torno al 80% en la actualidad. Pese a ello, ante el hecho de que algunas de ellas no proceden a la rendición de cuentas, anunció que se trasladará, tanto a los Grupos Parlamentarios como a la Junta de Castilla y León, una “regulación específica” con el fin de que las “multas coercitivas” sean de aplicación, para lo que será necesario que estén contempladas en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Comunidad. Consideró además que “se deben promover e intensificar fiscalizaciones en aquellas entidades locales que no rindan sus cuentas legalmente”.

Destacó asimismo que se seguirá con la línea establecida en el anterior mandato en relación al Informe anual de Seguimiento de las Recomendaciones, que “comporta mi comparecencia en las Cortes con el fin de valorar, ponderar, el seguimiento de las observaciones, recomendaciones y resoluciones adoptadas. Informe que, sin duda, pone de manifiesto al día de hoy, con un seguimiento superior al 70%, la auctoritas, el prestigio de esta institución”.

Incidió Amilivia por último en que los informes de fiscalización tienen un triple objetivo: primeramente, un “control de legalidad, de observancia del ordenamiento jurídico”; en segundo lugar, “hacer constar, en su caso, y con ocasión de su elaboración, posibles infracciones, abusos e irregularidades y, en su caso, proporcionar las medidas que considere para depurar responsabilidades”; y, en tercer lugar, “es un informe de colaboración, de auxilio y de ayuda a las administraciones al proporcionarles medidas concretas para mejorar su gestión económica y financiera”. Por ello, defendió que el debate que se suscite por los Grupos Parlamentarios se plantee “sobre su contenido, no contra su contenido. Se debe de circunscribir a la concreta gestión económico-financiera objeto de fiscalización y no, equivocadamente, contra el sentido de un trabajo que debe de ser un instrumento de todos, no un instrumento de unos contra otros, ni un fin en sí mismo”.