Consejo de Cuentas de Castilla y León

• El blog de la Red "Nundging aplicado a la Mejora de la Regulación" publica un resumen de la reciente presentación, en la Universidad de Salamanca, del libro de Santiago A. Martín Nájera, director de Fiscalización del Consejo de Cuentas y destacado miembro de la misma

El pasado 26 de octubre tuvo lugar en la Universidad de Salamanca la presentación del último libro de uno de los miembros de la red Nudging aplicado a la Mejora de la Regulación (NMR), Santiago A. Martín, en el marco de un seminario de doctorado, en el que se reflexionó sobre las aportaciones conductuales para la buena regulación y su uso por las instituciones de control. Martín es el director de Fiscalización del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

El acto tuvo lugar en el aula Salinas, actuando como presentador y moderador Ricardo Rivero, prestigioso Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca, su actual Rector y prologuista del libro (su prólogo se encuentra disponible en abierto en la página web de Marcial Pons, así como el índice y las primeras página del libro presentado).

En primer lugar, hizo uso de la palabra el profesor Juli Ponce Solé, miembro de nuestra red  temática de investigación transdisciplinar “El Nudging aplicado a la Mejora de la Regulación” (RED2018‐102761‐T), en la que a lo largo de dos años, diversas personas pertenecientes al mundo académico y al ámbito de la gestión pública han trabajado sobre las aportaciones conductuales y los acicates. La red ha reunido a 19 personas, de 6 universidades públicas distintas (UB, UAB, UAM, U. de Alicante, U. da Coruña, U. Complutense), y de dos instituciones públicas (la Escuela de Administración Pública de Cataluña y el Consejo de Cuentas de Castilla y León). Todos ellos con perfiles profesionales variados, incluyendo el Derecho, la Economía, la Psicología, la Ciencia Política, la Lingüística o la Sociología. Entre ellos el autor del libro presentado.

Ponce tomó la palabra en su calidad de codirector de la colección Derecho, Buen Gobierno y Transparencia, en la cual se ha publicado dicha obra, colección que se inició con la publicación de la obra de la profesora de la facultad de Derecho de la Universidad de Yale Susan Rose-Ackerman sobre Corrupción y Gobierno, y en la que este libro supone la cuarta publicación de la colección sobre estas cuestiones.

El profesor Ponce inició su exposición mostrando su agradecimiento y satisfacción por la organización del acto. Satisfacción que concretó en el hecho de que la obra sea resultado de una tesis doctoral defendida en Salamanca, dirigida por el profesor Rivero, y en que el autor del libro sea miembro de la red mencionada, en la que ha realizado valiosas aportaciones y en el marco de la cual ha tenido el mismo su primera recensión. Ponce destacó la importante relación de las tesis del libro con el derecho a una buena administración, puesto que las aportaciones conductuales son un instrumento para ella, concepto que cada vez gana más importancia y tecnificación, y que está plenamente reconocido en el ámbito de Castilla y León, tanto en su Estatuto de Autonomía de 2007 como en la legislación posterior.

Así, como dos ejemplos de dicha relevancia, usó en primer lugar, el  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Principios para los servicios públicos que contribuyen a la estabilidad del régimen democrático» (Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia alemana) (2021/C 56/03), en el que se señala que “cuando todos los servicios públicos se adhieren sistemáticamente a los principios de legalidad, proporcionalidad e igualdad de trato y hacen efectivo el derecho a una buena administración, refuerzan tanto la confianza en el Estado de Derecho y la democracia como la resistencia de los ciudadanos frente a las promesas populistas”.

En segundo lugar, mencionó que en el prólogo a la decimonovena edición de 2020 del clásico Curso de Derecho Administrativo de los profesores García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández se señala como el derecho a una buena administración, "que hasta ahora no habíamos tomado demasiado en serio“, está “llamado a abrir una nueva etapa en nuestro Derecho y en el Derecho Europeo en general“, lo que ha llevado al profesor Tomás Ramón Fernández a subrayar también como el derecho a una buena administración supone "una nueva mirada a la Administración y al derecho administrativo". Nueva mirada que las aportaciones conductuales y los nudges permiten.

En segundo lugar, hizo uso de la palabra el autor de la obra. Tras agradecer la realización del acto y exponer los antecedentes que condujeron a la publicación del libro, hizo una breve reflexión sobre los contenidos de su obra. Al hilo de los mismos destacó la necesidad de la existencia de una estructura institucional que ejerza de manera sistemática la evaluación de las políticas públicas, aportando al debate político y a los ciudadanos hechos comprobados.

En su opinión, las instituciones de control externo tienen el mandato para ejercer esta función y defendió la hipótesis de que el Consejo de Cuentas de Castilla y León, donde desarrolla su labor profesional como director de Fiscalización, como el resto de las instituciones de control pueden aprovechar los conocimientos y técnicas de análisis conductual para aportar, tanto a la sociedad como al poder legislativo, como a la propia administración, evaluaciones y juicios que permitan que el desarrollo e impulso de las políticas públicas incorporen en su caja de herramientas, junto a mandatos y prohibiciones, los acicates, como efectivos instrumentos de cambio conductual tanto de reguladores como de regulados.

Finalmente, tomó la palabra el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, señor Mario Amilivia, quien destacó que el trabajo llevado a cabo por el Consejo suma en estos casi 20 años de función de control de la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad y demás entes públicos de Castilla y León cerca de 250 informes.

Asimismo, señaló que la creación de una unidad interna para la evaluación de políticas públicas en el organigrama del órgano de control situaría a la institución a la vanguardia de este tipo de fiscalizaciones.

Cabe añadir que esta observación va en la línea apuntada en un reciente informe por Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF,  con el título‘La Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en Castilla y León: situación actual y propuestas’. En concreto, se señala en este informe que:

“La unidad independiente externa de evaluación podría crearse, en una primera fase, dentro de la estructura organizativa del Consejo de Cuentas. El Consejo de Cuentas es un organismo independiente que rinde cuentas ante las Cortes de Castilla y León y que, como se ha descrito en apartados anteriores, tiene atribuidas funciones en materia de fiscalización de la eficacia del gasto público. El Consejo ha realizado estudios de fiscalización operativa con un enfoque cercano a la evaluación. Esto hace que este organismo sea un candidato bien posicionado para que dentro de su estructura organizativa se inscriba una unidad independiente de evaluación. Ello permitiría aprovechar, en alguna medida, la estructura del Consejo y evitaría, sobre todo acorto plazo, algunos de los costes fijos de crear un organismo totalmente nuevo. Además, se aprovecharía el conocimiento y la experiencia ya existentes en la realización de las fiscalizaciones operativas, lo que supondría un apoyo significativo en la primera etapa de funcionamiento de esta unidad. Dada la práctica de la rendición de cuentas del Consejo de Cuentas ante las Cortes de Castilla y León, los resultados de las evaluaciones promovidas/realizadas por la unidad independiente de evaluación tendrían divulgación y se promovería su utilización en la discusión parlamentaria y en la formulación de políticas públicas más eficaces.”

Así:

“La unidad independiente de evaluación se encargaría de elaborar las evaluaciones de los planes estratégicos y de las políticas públicas trasversales que se incluyan en su programa anual de actividades, así como de aquellas que, a encargo de la Juntade Castilla y León, se consideren procedentes”

Amilivia subrayó que el impulso institucional para la creación de una unidad independiente de evaluación de políticas públicas inscrita dentro del Consejo de Cuentas, iniciativa avalada por la propia AIReF, cuenta con la experiencia acreditada por el Consejo en este tipo de fiscalizaciones. Una iniciativa, que, en cualquier caso, requerirá de una ley de creación y funcionamiento, rango legal necesario dada la independencia del Consejo respecto a la Administración autonómica. Y junto a todo ello, con un refuerzo de recursos para este cometido complementario a sus funciones.

Tras esta intervención, el presentador del acto lo dio por concluido.