El pasado 29 de enero tuvo lugar una reunión de la Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas del Tribunal de Cuentas y los órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (OCEX) bajo la Presidencia del Consejero del Departamento de Comunidades Autónomas del Tribunal de Cuentas, Ángel Algarra, a la que asistió el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Jesús Encabo.

Sede Tribunal de Cuentas

En dicha reunión, complementaria de la mantenida por los Presidentes de todas las Instituciones en octubre de 2012, se analizaron diversos aspectos encaminados a impulsar una mayor colaboración y coordinación entre las distintas instituciones encargadas del control externo del sector público en lo que respecta al ámbito autonómico.

Entre los acuerdos adoptados destaca el de la elaboración de una moción interesando las modificaciones legales necesarias para adelantar las fechas actuales de rendición de las cuentas generales por parte de las entidades del sector público, de manera que los Informes que presenten los órganos de control externo sobre dichas cuentas puedan adelantarse en el tiempo consiguiendo una mayor inmediatez respecto al año que se fiscaliza.

Asimismo, conforme al requerimiento de las Cortes Generales de realizar una fiscalización de las universidades públicas españolas como continuación de la efectuada sobre el año 2003, se acordó comenzar los trabajos de la misma, que se ejecutará de manera conjunta y coordinada y que se referirá al ejercicio 2012 incluyendo datos comparativos desde 2008. Esta fiscalización se centrará en el análisis de aspectos tales como la docencia impartida, teniendo en cuenta la implantación de los nuevos títulos oficiales, el personal de las universidades, la investigación, la tesorería o los entes dependientes o vinculados a las mismas.

Para el mejor desarrollo de los trabajos y el impulso de la coordinación se convino en la celebración periódica de estas reuniones entre los órganos encargados del control externo de los fondos públicos, los cuales tienen encomendado un papel esencial para verificar la correcta gestión de los recursos públicos y la economía y eficiencia en la utilización de los mismos.