Consejo de Cuentas de Castilla y León

Se trata de una fiscalización operativa, de carácter horizontal, sobre las actuaciones de los ayuntamientos y diputaciones provinciales en materia de despoblación. Es operativa en la medida que se ha analizado las actuaciones, medidas y procedimientos adoptados, así como el establecimiento de indicadores que permitan medir el grado de consecución de los objetivos y la eficacia alcanzada. Además, se han analizado los programas presupuestarios destinados a la lucha contra la despoblación y aquellos otros que pudieran estar relacionados con los mismos.

De acuerdo con ello, se presentan los siguientes objetivos específicos:

1) Establecer las tendencias poblacionales de la Comunidad Autónoma en los últimos 15 años, así como su relación con indicadores y magnitudes de actividad económica y de servicios.

2) Analizar las actuaciones, medidas y políticas promovidas por las administraciones públicas para su ejecución por parte de los ayuntamientos y diputaciones provinciales en materia de despoblación, así como la existencia de una planificación al respecto.

3) Verificar la aplicación por los ayuntamientos y diputaciones provinciales de políticas contra la despoblación, y su plasmación en el marco de sus competencias, en reglamentos, ordenanzas y otras disposiciones y acuerdos. Concretamente se analizará la ejecución de los gastos y programas relacionados con la despoblación.

Dada la naturaleza de la presente fiscalización sobre la dinámica poblacional de la Comunidad Autónoma, aspecto que se encuentra en la actualidad en la agenda pública, se considera conveniente en este momento realizar una exposición más extensa del marco general de las fiscalizaciones operativas en tanto en cuanto ayuda a comprender más la naturaleza del análisis. Así, de acuerdo con la ISSAI-ES 300, se plantea como objetivo principal de la fiscalización operativa el de contribuir, de manera constructiva, a la realización de una gestión sujeta a los principios de economía, eficacia y eficiencia. Pero este primer acercamiento, en vigor plenamente para otros trabajos, es complementado con otros dos más acertados al planteamiento de este trabajo, en cuanto contribuye a promover, tanto la transparencia, como la responsabilidad en la gestión.

Así, se puede afirmar que:
- La fiscalización operativa contribuye a mejorar la conciencia de responsabilidad en la gestión, en la medida en que los informes en los que se plasma, pueden evaluar si las normas jurídicas y las disposicionesreglamentarias son elaboradas y aplicadas eficaz y eficientemente, contribuyendo a prestar el debido servicio a la ciudadanía.
- La fiscalización operativa no cuestiona las decisiones políticas; pero sí examina si han existido inconsistencias técnicas en los reglamentos o acuerdos, o si su forma de aplicación ha evitado la consecución de los objetivos propuestos.
- La fiscalización operativa se centra en áreas de actuación en las que existe mayor posibilidad de efectuar propuestas de mejora, para que los responsables de los entes fiscalizados tomen las medidas apropiadas.
- La fiscalización operativa promueve la transparencia al ofrecer al poder legislativo y a la ciudadanía una visión de la administración y los resultados de las diferentes actividades de los entes fiscalizados. Al efectuar una fiscalización operativa, las ICEX tienen libertad de decidir, dentro de sus competencias, qué, cuándo y cómo auditar, sin que deba existir ninguna restricción a la publicación de los hallazgos obtenidos.

Además, la fiscalización operativa busca brindar nueva información, análisis o perspectivas, y cuando corresponda, recomendaciones de mejora. Las fiscalizaciones operativas consiguen estos objetivos al:
- Proporcionar nuevas perspectivas de análisis.
- Hacer más accesible la información existente a las diversas partes interesadas.

El objeto de una fiscalización operativa no tiene que estar limitado a programas, entidades o fondos específicos, puede también referirse a actividades o situaciones existentes (incluyendo sus causas y consecuencias). Algunos ejemplos podrían ser la prestación de servicios o los efectos de las políticas y regulaciones sobre la administración, los destinatarios y la sociedad. La materia en cuestión se define por el objetivo y se concreta en el alcance de la fiscalización.