Fiscalización de la Contratación administrativa celebrada en el ámbito de la administración general e institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2022
El propósito de este trabajo ha sido la realización de una auditoría de cumplimento de la legalidad sobre la gestión contractual de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma, verificando la observancia de las prescripciones que rigen la contratación administrativa en relación con la aplicación de los principios de publicidad y transparencia de los procedimientos, así como los de concurrencia y no discriminación e igualdad de trato a los licitadores, en el ámbito de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RDPLCSP) y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La verificación efectuada se ha centrado en los objetivos generales que se indican a continuación:
• Comprobar el cumplimiento de la obligación de remisión de contratos al Consejo de Cuentas contemplada en los artículos 335 de la LCSP y 29 del TRLCSP, en función de lo establecido en el artículo 18.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas.
• Analizar la regularidad de los procedimientos de contratación desde el punto de vista de los principios de publicidad y transparencia, mediante el examen de la documentación publicada en el Perfil de contratante y que este se encuentra alojado en la Plataforma de contratación del sector público, conforme a los artículos 63 y 347 de la LCSP, así como de las obligaciones establecidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
• Verificar el cumplimiento de la legalidad, y de su adecuada documentación, del procedimiento de contratación administrativa, tanto en las actuaciones preparatorias de la contratación como en su adjudicación y ejecución, y que se garantiza el respeto a los principios de libertad de acceso y no discriminación e igualdad de trato en las licitaciones.
