Fiscalización de la contratación pública, vinculada a la COVID-19, celebrada en el ámbito de la administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ejercicio 2020.
El propósito de este trabajo ha sido la realización de una fiscalización de cumplimento de la legalidad en la gestión de los contratos definidos en el ámbito objetivo y temporal, verificando la observancia de las prescripciones que rigen su adecuada formalización y registro, en el ámbito de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y demás normativa de aplicación.
A tal efecto, se ha elaborado un informe en el que se han expuesto los resultados de la verificación efectuada, centrándose en los objetivos que se indican a continuación, dada la necesidad de acomodarla a la tramitación establecida en el artículo 120 de la Ley de Contratos y a las especialidades reguladas en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo:
a) Cumplimiento de la obligación de comunicar estos contratos al Consejo de Cuentas, mediante su remisión al Registro Público de Contratos de Castilla y León.
b) Cumplimiento de la normativa en materia de preparación y adjudicación de los contratos: Que los procedimientos han incluido comprobaciones sobre la justificación de la necesidad de contratar y de la utilización de la tramitación de emergencia; revisión del cálculo del presupuesto base de licitación y examen específico de los pliegos, en los que expedientes que se han aportado.
c) Verificación de las obligaciones legales en las fases de ejecución y cumplimiento de los contratos suscritos. Los procedimientos han incluido comprobaciones sobre las incidencias habidas en el desarrollo de la ejecución, cumplimiento, recepción y liquidación de las prestaciones objeto de los contratos.
