Clasificación: Cuenta General Comunidad Autónoma y FCI
Publicación: 10/06/2013

El objetivo general de este trabajo es la realización de un análisis sobre determinados aspectos de la situación y actividad económico financiera de los entes del sector público autonómico de Castilla y León que han rendido sus cuentas en el ejercicio 2011 y en los tres anteriores a través de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, mediante las siguientes actuaciones:

  • Análisis de la estructura y evolución de las magnitudes más relevantes del estado de liquidación del presupuesto rendido desde el ejercicio 2008 a 2011 que permita obtener una visión del grado de ejecución presupuestaria, la realización de ingresos y gastos tanto de operaciones corrientes y de capital como financieras y sus resultados presupuestarios.
  • Obtención de indicadores presupuestarios en relación con los ingresos y gastos, nivel de prestación de servicios, carga financiera soportada y resultados tanto a nivel global como por habitante.
  • Análisis de la estructura y evolución de las masas patrimoniales y magnitudes más relevantes de los balances de situación y cuentas de resultados rendidas de los ejercicios 2008 a 2011, que permita obtener una visión del equilibrio o desequilibrio patrimonial existente.
  • Obtención de indicadores financieros relevantes de su situación financiera a corto y largo plazo relacionados con su liquidez, endeudamiento y solvencia, así como otros relacionados con su actividad y resultados.

La auditoría realizada para alcanzar estos objetivos no es de cumplimiento de legalidad, es decir, no pretende constatar la regularidad de las actuaciones llevadas a cabo por los entes fiscalizados. En consecuencia su finalidad no es emitir una opinión relativa a si se han cumplido o no los objetivos de la fiscalización, sino que se orienta fundamentalmente a analizar la situación económico financiera de la Comunidad, observar su evolución, identificar los indicadores más relevantes de dicha situación, vigilar su comportamiento,  así como alertar a los entes fiscalizados de las desviaciones más significativas detectadas en ellos.