Consejo de Cuentas de Castilla y León

La Universidad de León ha acogido hoy la jornada sobre "Supervisión y control interno de las universidades públicas. El control externo. Mecanismos de prevención y control", que ha reunido a un centenar de representantes de 35 universidades públicas españolas. En una de las mesas de debate ha participado Mario Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, junto con el presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón y el titular de la Sindicatura de Cuentas de Asturias, Roberto Fernández.

El objetivo de la jornada ha sido analizar y debatir acerca del ejercicio de la supervisión de la actividad económica y el rendimiento de los servicios universitarios por parte de los Consejos Sociales en las universidades públicas, para conseguir la mejora de la calidad de los servicios, junto con la eficacia y la eficiencia en la gestión, propias de una buena administración.

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León ha intervenido en la mesa referida a "Hacia una mejora del sistema de control interno de las universidades públicas", en la que Mario Amilivia ha dado cuenta fundamentalmente de las principales fiscalizaciones llevadas a cabo en los últimos años, y en las previstas o ya en marcha por parte del órgano de control externo en esta misma línea, caso de las universidades de Salamanca y Valladolid, y el próximo ejercicio -previsiblermente- León y Burgos. 

Amilivia manifestó que pese a que su existencia ya era exigible desde la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria (Ley de Universidades anterior a la LOU) -hace más de 30 años- algunas universidades públicas no han constituido las pertinentes unidades o servicios de control interno, y la mayoría de las que sí lo han hecho no las han dotado de la independencia necesaria para el desarrollo de su actividad".

Así, un informe del Tribunal de Cuentas sobre las universidades públicas en 2012 señalaba que "de las 47 analizadas, 39 contaban con unidad de control interno", por lo que en 2012 todavía existían 8 que no contaban con la respectiva unidad de control interno. Situación que mejoró con respecto al informe de 2003, en el que eran 34 las que disponían de órgano de control interno o similar. Además, en 2012 de las 39 universidades con órgano de control interno sólo 4 dependían funcionalmente del Consejo Social, incumpliéndose en las 35 restantes la supervisión por el Consejo Social de su actuación, conforme a lo exigido por la LOU.

Precisó Amilivia que en el ámbito de Castilla y León, en el año 2012, en un informe conjunto con el Tribunal de Cuentas se puso de manifiesto que en las 4 universidades públicas de la Comunidad existían unidades o servicios de control interno, siendo la dependencia funcional y orgánica en aquel momento variopinta: En la UBU dependencia orgánica de la Gerencia y funcional del rector; en la ULE dependencia orgánica de la Gerencia y funcional del rector; en la USAL dependencia orgánica y funcional de la Gerencia, y en la UVA dependencia orgánica y funcional del rector.           

Esta situación, precisó, llevó al Consejo de Cuentas a concluir que "la dependencia funcional de las unidades o servicios de control interno contradice lo establecido en los artículos 14 y 82 de la LOU, que atribuyen al Consejo Social la supervisión de las actividades de carácter económico-financiero de la universidad, y de forma particular, dentro de la función anterior, la supervisión del control de las inversiones, gastos e ingresos de aquellas mediante las correspondientes técnicas de auditoría"

Este año, de acuerdo con la información de la que dispone el Consejo de Cuentas, se han producido según desveló Amilivia, importantes avances. En la Universidad de León, de acuerdo a las recomendaciones del Consejo, se han efectuado modificaciones orientadas a modificar la dependencia funcional del servicio de control interno. En este sentido, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la ULE modificado este año "con carácter semestral el Consejo Social debe recibir información de la Oficina Técnica de Control interno acerca de sus actuaciones, debiendo comunicarse cualquier hecho relevante, incidencia o circunstancia comprobada en el ejercicio de sus funciones (...)".

En la Universidad de Salamanca, este mismo año, y con idénticos objetivos, se modificó el Manual de Control Interno para que el Consejo Social asuma la dependencia funcional del servicio de control interno. Conforme a ese manual, los informes de fiscalización previa con reparos, los de control financiero permanente, los de control sobre la actividad general y los informes de auditoría pública se remiten al Consejo Social. Ante ello, el Consejo espera que las universidades de Valladolid y Burgos sigan el ejemplo de la ULE y la USAL y adopten medidas orientadas a la adscripción funcional de sus unidades de control interno a los Consejos Sociales.

En el debate surgió la oportunidad de plantear la modificación de las leyes reguladoras de los consejos sociales (en Castilla y León, la Ley de Universidades de la Comunidad), al objeto de que estas, con apoyo en la regulación de la LOU, aclararan que la referencia del artículo 82 de la LOU "Bajo la supervisión del Consejo Social" debería entenderse en el sentido de que las unidades de control interno deben quedar bajo la dependencia funcional de los consejos sociales.

Otro de los aspectos abordados, no menos importante, fue el del escaso personal destinado por las universidades a las unidades de control interno, teniendo en cuenta que, como en el caso de Castilla y León, las 4 universidades manejan la cantidad nada desdeñable de 527,3 millones de euros, puntualizó Mario Amilivia. Cuestión la de la dotación de personal cualificado para estos menesteres que ha ido mejorando levemente en los últimos años.

Bajo estas líneas se puede acceder al documento PDF con la ponencia del Consejo de Cuentas, que sirvió de base para la intervención del presidente del Consejo.