El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, presentó hoy en el Ayuntamiento de Salamanca el informe anual sobre las cuentas del sector público local en 2017, documento que fue aprobado en el plenario celebrado en esta misma jornada en el Consistorio salmantino. El informe será accesible, en los proximos días, desde esta página web www.consejodecuentas.es, una vez sea recibido por las Cortes de Castilla y León.

García Carbayo y Mario Amilivia

Amilivia desgranó las principales tareas afrontadas por el órgano de control externo de las administraciones desde que asumiera la presidencia del mismo el pasado mes de febrero, entre ellas la aprobación del Plan Anual de Fiscalizaciones, la comparecencia en las Cortes de Castilla y León con seis informes que se hallaban pendientes de presentación, o el impulso a la elaboración de informes con un formato más reducido y comprensible.

El presidente Amilivia también adelantó la presentación en breves fechas de un Plan Estratégico (2019-2022) del Consejo de Cuentas, el primero con el que se dota la institución para impulsar el control del gasto público, la transparencia y con ello la calidad democrática. También reiteró la conveniencia de reformar la Ley 4/2013 de Instituciones Propias de la comunidad a los efectos de reforzar la independencia y autonomía orgánica y funcional del Consejo, y, entre otras cuestiones, impulsar la aprobación del Plan Anual de Fiscalizaciones (tal y como lo hace el resto de los órganos de control externo), o facilitar que se incorporen a la institución los funcionarios indispensables para el mejor funcionamiento de la institución. "Los únicos Consejos de Cuentas que tienen mejores datos de fiscalización son los de las cinco comunidades autónomas dotadas de medios de los que adolece Castilla ny León y que son necesarios", argumentó.

Amilivia durante su intervención

En este sentido, una modificación de la ley reguladora del órgano de control permitiría al Consejo tener potestad para implantar "multas coercitivas", así como la retención del pago de "subvenciones y transferencias" en aquellas administraciones locales que no rindan cuentas.

El Consejo lleva la aprobación de este informe cada año a una provincia, con el doble objetivo de divulgar en la comunidad la actividad de la Institución y continuar impulsando el cumplimiento de la obligación legal de la rendición de cuentas por parte de las entidades locales.

El objetivo del trabajo, correspondiente al grupo de fiscalizaciones a realizar por mandato legal, es verificar el cumplimiento por parte de las entidades locales de la obligación de rendir la cuenta general y comprobar que se ajusta a la normativa respecto a forma y contenido, así como su coherencia interna. Asimismo, presenta las principales magnitudes presupuestarias y económico-financieras del sector público local a nivel agregado y verifica el cumplimiento de la obligación de remisión de información sobre la contratación administrativa.

Rendición de cuentas. El sector público local de Castilla y León está integrado por 4.751 entidades locales y 191 entes dependientes. A 31 de diciembre de 2018 (fecha de cieLa rendición de cuentas de los ayuntamientos, con datos al cierre de cada ejercicio, disminuye 3,1 puntos porcentuales, al pasar del 82,7% correspondiente a las cuentas de 2016 al 79,6% de las relativas a 2017.

La rendición de cuentas de los ayuntamientos, con datos al cierre de cada ejercicio, disminuye 3,1 puntos porcentuales, al pasar del 82,7% correspondiente a las cuentas de 2016 al 79,6% de las relativas a 2017.

La comparación de los niveles de rendición de los ayuntamientos por comunidades autónomas, pone de manifiesto que Castilla y León presenta valores ligeramente superiores a la media nacional (78,3%), pero cada vez más alejados de los mejores resultados (cinco comunidades se sitúan entre el 88% y el 97%). En el origen de estas diferencias se encuentra la adopción, por parte de estas últimas, de medidas que vinculan la concesión o el pago de subvenciones al cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas.

Incumplimientos. En referencia a los incumplimientos, tomando como referencia el periodo 2012-2017, hay 231 ayuntamientos, el 10,3% del total, que tienen pendiente de rendición las cuentas de varios ejercicios y, entre ellos, 36 que no han rendido ninguna. De estos últimos, 1 municipio tiene más de 1.000 habitantes, 4 entre 500 y 1.000 y los 31 restantes son menores de 500 habitantes, la mitad de ellos con menos de 100.

De izq. a dcha., Jiménez, Amilivia, Melero y el secrertario Pérez-Moneo

En cuanto a la evolución de la rendición de cuentas de las entidades locales menores, está relacionada con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (estableció en 2013 como causa de disolución de dichas entidades la falta de rendición de sus cuentas), que permitió pasar de índices mínimos (1,3% en 2008) a un 94,4% en la cuenta de 2013, con datos a cierre de los ejercicios. Sin embargo, posteriormente se produce un retroceso significativo, situándose dicho índice en el 76,5% para la cuenta de 2017, si bien mejora en 4,5 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Teniendo en cuenta los resultados del informe, el Consejo de Cuentas considera que mantienen su vigencia las recomendaciones dirigidas a la mejora de la rendición de cuentas recogidas en las dos declaraciones suscritas por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos (OCEX) con fecha 21 de junio de 2017: Declaración sobre las medidas para estimular la rendición de cuentas de las Entidades Locales”y “Declaración sobre las modificaciones legales para promover la reducción de los plazos de rendición de las cuentas del Sector Público”.

Principales magnitudes presupuestarias y económico-financieras. En relación al total de las cuentas rendidas de 2017, en conjunto, el presupuesto agregado de ingresos de las entidades locales de la comunidad ascendió a 3.552,5 millones y el de gastos a 3.544,9 millones, con un superávit global de 7,5 millones.

Los municipios gestionan en torno al 70% del total de los recursos y gastos correspondientes a todas las entidades locales. Por su parte, las diputaciones reconocieron derechos y obligaciones por importes equivalentes al 26% del total. El resto de entidades locales en conjunto gestionó un 4%.

En cuanto al remanente de tesorería para gastos generales (según su signo refleja, bien la capacidad de financiar mayores gastos presupuestarios en el ejercicio siguiente, bien la necesidad de recabar nuevos fondos para adecuar su equilibrio presupuestario y financiero),en la práctica totalidad de las entidades locales (99,2%) resultó positivo, alcanzando el importe agregado total 1.159,6 millones de euros. Además, en el periodo analizado (2014-2017) presenta una trayectoria ascendente en todos los ejercicios, con un crecimiento global del 34,4%. 

Asimismo, los fondos líquidos de tesorería (disponibilidad de efectivo en las entidades bancarias)experimentan también una tendencia creciente en dicho periodo, con un incremento del 37,2% en términos agregados, hasta alcanzar 1.302 millones de euros. En el caso de los ayuntamientos el crecimiento es un 55%.

En cuanto al pasivo financiero, en 2017 descendió un 13,5% el importe de la deuda viva de las entidades locales, que de forma agregada sumaba 956,3 millones de euros. De dicho importe corresponde a los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes el 60,4% y a las diputaciones el 15,7%. La evolución del endeudamiento financiero entre los ejercicios 2014 y 2017 muestra una tendencia decreciente en todos los ejercicios del periodo, con una disminución global del 32,6 %. 

Contratación administrativa.Las entidades locales tienen la obligación de remitir al Consejo de Cuentas la relación anual de los expedientes formalizados o, en su caso, certificación negativa. Al cierre de 2017, un total de 3.558 entes del sector público local (74,9% del total) habían remitido la información contractual,habiéndose producido una mejora con relación al ejercicio anterior  de 3,7 puntos. 

Según la información comunicada, en 2017 se formalizaron 1.413 contratos  por las entidades locales de la comunidad (con exclusión de los contratos menores), con un importe de adjudicación de 286,2 millones de euros. Atendiendo al objeto del contrato, los de mayor peso son los contratos de obras y los de servicios.

Provincia de Salamanca. En relación a sus ayuntamientos, la provincia registró un total de 307 cuentas rendidas al cierre del ejercicio, lo que representa el 84,8% del total de los municipios. Aunque experimenta un descenso de 4,7 puntos porcentuales, se mantiene como la segunda provincia de la comunidad con mejor porcentaje. En el periodo 2012-2017 tres municipios (Agallas, Herguijuela de Ciudad Rodrigo y Trabanca) no han rendido cuentas en ningún ejercicio.

Respecto al total de las cuentas rendidas de 2017, en conjunto, el presupuesto agregado de ingresos de las entidades locales de la provincia ascendió a 496,8 millones y el de gastos a 495,1 millones.

En cuanto al remanente de tesorería para gastos generales,en un 98,3% de las entidades locales resultó positivo, alcanzando el importe agregado un total de 136,7 millones de euros. Los fondos líquidos de tesorería suman 158,2 millones de euros. 

Finalmente, el endeudamiento del conjunto de las entidades locales de Salamanca al cierre de 2017 se cifraba en 96,7 millones de euros.


Consejo de Cuentas de Castilla y León