Fiscalización de los procesos de extinción de entidades de la Comunidad Autónoma de Castilla y León como consecuencia de la reestructuración de su sector público, en colaboración con el Tribunal de Cuentas
Se ha realizado una fiscalización especial contemplada en el artículo 3.2 de la Ley del Consejo de Cuentas de Castilla y León. De acuerdo con las Directrices Técnicas aprobadas en la sesión del Pleno del Consejo de Cuentas de 21 de marzo de 2018, se trata de una auditoría combinada de regularidad y operativa, cuya finalidad es evaluar el seguimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la extinción de entidades pertenecientes al Sector Público de la Comunidad que resultan afectadas por el Plan de racionalización de la Comunidad Autónoma y el análisis de los efectos de estas medidas.
De conformidad con el alcance de la fiscalización a desarrollar, esta tendrá en cuenta los siguientes objetivos generales:
1. Verificar que el proceso seguido para la extinción de los entes se ajusta a la legalidad y a la planificación económica.
2. Examinar la necesidad originaria y, en su caso, el mantenimiento a través de otro órgano o entidad autonómica de la actividad o función para cuya consecución se creó el ente extinguido.
3. Análisis de la repercusión económica de la medida extintiva para la Comunidad Autónoma, especialmente en relación con el personal.
4. Verificar el destino de activos y pasivos.