Castilla y León supera en 6,1 puntos la media nacional del nivel de rendición de cuentas en plazo legal de los ayuntamientos
- El presidente del Consejo de Cuentas presenta en las Cortes el Informe anual sobre las Cuentas del Sector Público Local, undécima comparecencia del año que suma la número 70 del actual mandato
- Las cuentas del ejercicio 2023 fueron rendidas en plazo por el 60,2% de las entidades locales, con una mejora de 7,8 puntos. A nivel de los ayuntamientos, los índices más altos se registraron en los de Zamora, Salamanca y Valladolid
- A fecha actual han cumplido todas las diputaciones, el 89,7% de los ayuntamientos y el 76,4% de las entidades locales menores. El Consejo Comarcal de El Bierzo acumula 5 ejercicios sin rendir
- La condicionalidad de cumplir en plazo para que las entidades accedan al Fondo de Cooperación Económica Local General ha supuesto un gran avance. El Consejo recomienda hacerla extensiva a otras convocatorias de ayudas y elevar su rango normativo
Una comparación por comunidades autónomas pone de manifiesto que Castilla y León supera en 6,1 puntos porcentuales la media nacional del nivel de rendición de cuentas en plazo legal por parte de los ayuntamientos, que se sitúa en el 65%.
No obstante, teniendo en cuenta la singularidad territorial de la Comunidad, con el 27,6% de los ayuntamientos del conjunto del Estado, el dato revela que todavía hay margen de mejora ya que se encuentra todavía alejada de los mejores resultados, que alcanzan en algún caso hasta el 84,4%.
Este es uno de los datos fundamentales subrayados ayer por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, en el Parlamento autonómico, en la presentación del Informe anual sobre las Cuentas del Sector Público Local de Castilla y León, ejercicio 2023.
Un trabajo que, remarcó, recoge una serie de recomendaciones tendentes, entre otras, a estimular el cumplimiento de esta obligación legal como promover la cobertura de los puestos reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional; reforzar los medios de las intervenciones locales; fortalecer la asistencia a los municipios; actualizar la regulación de las multas coercitivas en caso de no rendir cuentas o falta de colaboración o llevar a cabo las reformas normativas para condicionar la percepción de subvenciones, ayudas o transferencias de otras administraciones a la efectiva rendición de cuentas.
Esta comparecencia suma la número 70 del Pleno del Consejo de Cuentas, una cifra que representa el 56% de las 124 que han tenido lugar en toda la serie histórica de la institución, con el 49% de todos los informes presentados desde 2006.
La singularidad territorial de la Comunidad tiene su expresión en que las cuentas del ejercicio 2023 de los casi 1.600 ayuntamientos rendidas en plazo, es decir, hasta el 31 de octubre de 2024, representaron el 32,3% del total registrado por las comunidades autónomas, 2,8 puntos por encima de las que su censo municipal aporta al conjunto del Estado, cifrado en el 29,6% de los municipios.
La adopción de medidas como la implementada por Castilla y León desde 2021 vinculando la concesión o el pago de subvenciones al cumplimiento de la obligación de rendir cuentas contribuye a incrementar la rendición, como viene recomendando el Consejo de Cuentas en sus informes de forma reiterada.
Un total de 2.852 entidades locales rindieron la cuenta general de 2023 en plazo con una mejora interanual de 7,8 puntos. Se registraron aumentos en todos los tipos de entidades y con relación específica a los ayuntamientos en siete de las nueve provincias también se experimentaron mejoras, registrándose los índices más altos en las de Zamora (81,5%, con un incremento de 9,7 puntos); Salamanca (76,2%, 4,7 más) y Valladolid (73,8%, experimentando el mayor avance, 15,1 puntos más).
Con relación a este último ejercicio rendido (2023), a fecha actual el índice de rendición para el conjunto de las entidades locales alcanza el 82,1%. Han rendido ya ante el Consejo de Cuentas todas las diputaciones, el 89,7% de los ayuntamientos y el 76,4% de las entidades locales menores. Por su parte, el Consejo Comarcal de El Bierzo acumula sin rendir las cuentas de los últimos 5 ejercicios.
En la actualidad, detalló Amilivia, el porcentaje actual de rendición de las cuentas de los ayuntamientos por provincias oscila entre el 91,2% de Salamanca y el 86% de Burgos, quedándose así la máxima diferencia en solo 5 puntos porcentuales. En Soria han rendido el 90,7%; en León el 90,5%; en Segovia el 90,4%; en Ávila el 89,9%; en Zamora el 89,5%; en Valladolid el 89,3% y en Palencia el 89%.
Rendición de la cuenta general de 2024. A modo de avance, a fecha de hoy el 36,7% de las entidades locales de la Comunidad -un total de 1.742- han rendido la cuenta del ejercicio 2024. El plazo para cumplir con esta obligación legal finalizará el próximo 31 de octubre.
Según los datos del Consejo de Cuentas, con referencia a las cuentas de 2024, han cumplido hasta ahora 735 ayuntamientos (32,7%); 951 entidades locales menores (43,1%); 54 mancomunidades (19,6%) y dos de las 9 diputaciones (22,2%). El Consejo Comarcal berciano tampoco ha cumplido aún con las cuentas de 2024.
El informe del sector público local de 2023 fue aprobado por el Consejo de Cuentas el 22 de julio en un Pleno celebrado en la Diputación de Ávila. Verifica el cumplimiento de la rendición de la cuenta general, analizando también las fases y plazos vinculados al ciclo presupuestario y contable, con la presentación de las principales magnitudes presupuestarias y económico-financieras del sector público local.
En cuanto a su alcance, se trata de una revisión de las cuentas rendidas centrada en su integridad y en la coherencia interna de los datos que contienen.
Desde 2007 está en vigor el sistema de rendición telemática para las entidades locales, instrumentado por medio de una Plataforma compartida por el Tribunal de Cuentas y la mayoría de los Órganos Autonómicos de Control Externo (OCEx), entre estos el Consejo de Cuentas.
Amilivia destacó nuevamente, teniendo en cuenta la estructura administrativa de la Comunidad, la importancia del papel que deben desempeñar las nueve diputaciones y el Consejo Comarcal de El Bierzo a través de los Servicios de Asistencia Técnica en apoyo y asesoramiento a las entidades, con atención especial a las de menor tamaño.
Estructura del sector público local de Castilla y León. Está conformada por 4.741 entidades locales, de las cuales, 2.248 son ayuntamientos, 9 diputaciones, 1 Consejo Comarcal, 275 mancomunidades y otras entidades asociativas y 2.208 entidades locales menores. Asimismo, lo integran 170 entidades dependientes y adscritas a las entidades locales: 26 organismos autónomos, 55 sociedades mercantiles, 3 entidades públicas empresariales, 45 consorcios, 31 fundaciones y 10 asociaciones.
Las variaciones registradas respecto a 2022 arrojan un saldo neto total de una entidad menos: 4.911 frente a las 4.912 por la baja de un consorcio, tres sociedades mercantiles y un organismo autónomo, así como el alta de dos fundaciones y un consorcio, y la reincorporación de una entidad local menor.
Resultados de la rendición de cuentas. Rindieron la cuenta de 2023 en plazo 2.852 entidades locales, el 60,2%. Cumplieron 8 de las 9 diputaciones, el nivel de rendición de los ayuntamientos aumentó en 4,7 puntos, hasta el 71,1%, y el de las pedanías en 11,3 puntos hasta situarse en el 50,3%.
En cuanto a los ayuntamientos, en los de 7 de las 9 provincias de la Comunidad se experimentaron mejoras en la rendición de estos en plazo. Los niveles oscilaron en una horquilla de caso 20 puntos, entre el 81,5% alcanzado por la provincia de Zamora y el 62,3% de Burgos.
El presidente del Consejo señaló que la adopción de determinadas medidas, ya implementadas por algunas comunidades, como es el caso de Castilla y León desde 2021, vinculando la concesión o el pago de subvenciones al cumplimiento de la obligación de rendir cuentas, contribuye a incrementar la rendición, tal como ha recomendado el órgano de control externo reiteradamente en sus informes.
En cuanto a las entidades locales menores, la mejora en su nivel de rendición fue de 11,3 puntos, hasta situarse en el 50,3%. Su máximo nivel se alcanzó en 2013 con un 63% en plazo y un 94,4% al cierre del ejercicio cuando la normativa contemplaba como casusa de disolución la falta de presentación de las cuentas.
Análisis de los incumplimientos. 1.889 entidades locales no rindieron en plazo legal (650 ayuntamientos, la Diputación de Zamora -que rindió posteriormente-; el Consejo Comarcal de El Bierzo; 139 mancomunidades y 1.098 pedanías.
Dentro de los ayuntamientos con más de 50.000 habitantes, no rindieron sus cuentas a tiempo Segovia, Zamora y Ponferrada, que también las presentaron más tarde.
En el periodo 2018-2023, 164 ayuntamientos, el 7% del total, no habían rendido las cuentas de 3 o más ejercicios. No obstante, la población afectada de estos municipios resulta escasamente significativa, un 1,8% respecto al total de la Comunidad.
En el estadio más elevado de incumplimiento se sitúan 19 ayuntamientos que no rindieron en 10 o más ejercicios en el periodo 2012-2023, entre los cuales dos tienen una población de entre 500 y 1.000 habitantes: Cobreros, en Zamora, y San Esteban del Valle, en Ávila.
Análisis de las cuentas. Entre las 2.972 que fueron objeto de revisión, inicialmente 536 se presentaron completas y sin incidencias, mientras que las otras 2.436 contenían incidencias que fueron comunicadas a las entidades afectadas. Tras el proceso de subsanación, el total de cuentas sin incidencias pasó a ser de 541, el 18,2% de las revisadas. De las 6.906 incidencias registradas (2,8 por cuenta) un 63,2% fueron de carácter formal, relacionadas con la tramitación de la cuenta general. El resto, definidas como sustanciales, se refiere al contenido de la información.
Ciclo presupuestario y contable. El informe anota que entre las entidades locales se produce un incumplimiento elevado del plazo de aprobación del presupuesto de 2023: 1.966 (68,9% de las que rindieron cuentas) lo hicieron con posterioridad al plazo legal (31 de diciembre de 2022). Incumplimiento que también afecta a la aprobación de la liquidación del presupuesto, aunque en mucha menor medida: 598 entidades rebasaron el plazo legal.
Respecto al ciclo contable el grado de cumplimiento de plazos es elevado, alcanzado el 80,2% de las entidades que rinden en el trámite de formación de la cuenta y el 83,6% en el de aprobación.
Principales magnitudes presupuestarias y económico-financieras. En cuanto a la liquidación presupuestaria, en conjunto, las 2.852 entidades locales que rindieron cuentas reconocieron gastos por 3.355 millones de euros e ingresos por 3.432,5, con un resultado presupuestario agregado de 77,5 millones.
Los municipios gestionan el 70% del total de los recursos y de los gastos de todas las entidades locales, correspondiendo a los mayores de 50.000 habitantes algo más del 32%. Las diputaciones reconocieron ingresos y gastos por importes que representan el 27% y 26% respectivamente, de todo el sector público local.
El informe también refiere que en el 97,9% de las entidades locales el remanente de tesorería para gastos generales resultó positivo, alcanzando 1.436,6 millones. La deuda viva de las entidades sumaba al cierre de 2023 un total de 752 millones, con un descenso interanual de 81,2 millones, un 9,7%.
En el periodo 2020-2023, el endeudamiento financiero del conjunto de las entidades locales presenta un ligero crecimiento del 3,2%. No obstante, la relación entre el volumen de deuda y los ingresos corrientes mantiene una trayectoria decreciente, con una caída global de 5,3 puntos.
Contratación administrativa y convenios. Dentro del plazo estipulado, remitieron la información contractual de 2023 un total de 1.636 entidades locales, el 34,5%, cifra que se eleva a 2.191 entidades (46,2%) a final de año. La información comunicada refleja la formalización en 2023 de 69.997 contratos por las entidades locales, con un importe de adjudicación de 713,6 millones de euros.
El mayor porcentaje de los expedientes corresponde a contratos menores (un 95,6%) frente al 4,4% de los contratos adjudicados por procedimientos ordinarios.
Por su parte, dentro del plazo legal remitieron información sobre la firma de convenios 1.096 entidades (22,3%) mientras que lo hicieron fuera de plazo 395 (8%).
Recomendaciones. El Consejo de Cuentas considera que mantienen su vigencia las recogidas en las dos Declaraciones suscritas por el Tribunal de Cuentas y los OCEx en 2017.
Así, en la "Declaración sobre las medidas para estimular la rendición de cuentas de las Entidades Locales" se propone promover la cobertura de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, así como el refuerzo de los medios de las intervenciones locales, el fortalecimiento de la asistencia a los municipios, la actualización de la regulación de las multas coercitivas o el impulso de reformas normativas para condicionar subvenciones, ayudas o transferencias a la efectiva rendición de cuentas.
En relación con esta propuesta, Amilivia realizó la misma aclaración que cuando compareció con los cuatro informes anteriores de las cuentas del sector público local. En esta línea, destacó el avance relevante que supuso la novedad introducida en 2021 por la Consejería de la Presidencia en la orden de convocatoria del Fondo de Cooperación Económica Local General contemplando por primera vez como requisito a cumplir por las entidades beneficiarias el hecho de rendir cuentas ante el órgano de control externo. Una reivindicación histórica que comenzaba a cumplirse.
Por ello, más allá de que el año pasado se reforzase el requisito establecido al exigirse a las entidades locales la acreditación de que la rendición de cuentas esté además cumplida dentro del plazo legal, el Consejo considera que esta condicionalidad debiera hacerse extensiva a otras convocatorias de ayudas y elevarse su rango normativo, por lo que en el informe se mantiene como recomendación en su sentido general.
En cuanto a la "Declaración sobre las modificaciones legales para promover la reducción de los plazos de rendición de las cuentas del Sector Público", se insta a adoptar las medidas legales oportunas para establecer como fecha límite para rendir las cuentas la del 30 de junio del ejercicio siguiente al que las mismas se refieran.
Sin perjuicio de ambas Declaraciones, el Consejo vuelve a insistir en otras 3:
- Las entidades locales deben incrementar sus esfuerzos para ajustar sus actuaciones a los plazos contemplados en la normativa respecto al ciclo presupuestario y contable, con especial atención a la aprobación de los presupuestos, que es la fase con mayor grado de incumplimiento.
- Asimismo, la cuenta general debe ajustarse, en los aspectos formales y estructurales, a lo dispuesto en la normativa, siendo especialmente recomendable la utilización del validador externo de la Plataforma de Rendición de Cuentas, con carácter previo a su tramitación.
- Finalmente, las entidades locales deben remitir anualmente al Consejo información sobre su actividad contractual y sobre los convenios celebrados.
La rendición de cuentas no solo es una obligación legal, sino que constituye un deber democrático al garantizar la transparencia que permite a los ciudadanos conocer el uso de los fondos públicos por su Administración más cercana, así como la situación económica de sus municipios.
Es también una condición imprescindible para que las instituciones fiscalizadoras como el Consejo de Cuentas puedan desempeñar la función de control externo que tienen atribuida y, consecuentemente, para el control parlamentario. Repercutiendo todo ello en una mejor gestión de las entidades locales.
